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Ante las débiles pruebas en contra de los detenidos el 1 de diciembre, durante los disturbios en el Centro Histórico, la juez 47 de lo Penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, notificó la liberación de 55 de los 69 personas detenidas.

El Ministerio Público no aportó evidencias contundentes de la participación de los detenidos en el delito de ataques a la paz pública. Los videos del Programa Bicentenario: Ciudad Segura, las fotografías tomadas el día de los hechos y las declaraciones de los policías, no permitieron comprobar que participaron directamente en los daños causados a fachadas de edificios, monumentos históricos, automóviles y en el saqueo a negocios.

Al cierre de esta edición, familiares de los detenidos aguardaban su salida, y sólo 14 permanecen en reclusión, a la espera de que se les reclasifique el delito por los cargos de robo, resistencia a particulares (resistirse a una detención) y daño en propiedad privada que se les imputarán, e incluso podrían alcanzar libertad bajo fianza.

Al emitir su resolución en torno a este caso, la juez solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mayor rigidez en sus probanzas, ya que las cámaras de seguridad pública de la capital no aportaron imágenes claras para ubicar con exactitud a los verdaderos responsables.

De acuerdo con el expediente gráfico que la autoridad local tiene como prueba y al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, muchos detenidos no fueron aprehendidos en flagrancia por la policía.

En uno de los expedientes que contiene el caso de 21 detenidos, se evidencia que muchos están en los lugares de los disturbios, pero no participaron directamente en las agresiones y ataques a inmuebles.

Mediante secuencias fotográficas, tomadas de las cámaras de vigilancia de la policía capitalina, se constató que las pruebas son débiles y en muchos casos no hay una correspondencia directa entre el detenido y el delito.

Las imágenes captadas de los videos no sirvieron para que la Procuraduría capitalina hiciera los peritajes de reconocimiento facial de los consignados, no fueron una evidencia sólida que permitiera ubicar a los inculpados durante los actos de vandalismo.

En contraste, este diario tiene en su archivo fotográfico del 1 de diciembre material  que da cuenta de los ataques, saqueos y a inmuebles y comercios en la Avenida Juárez.

Videos inservibles

Fueron dos los videos presentados como pruebas de cargo, tomados de las cámaras de Seguridad Pública de dos lugares distintos durante los disturbios: avenida Juárez y la Glorieta de Colón. Las imágenes son abiertas y enfocadas hacia la turba que cometió los desmanes, pero no se consiguió ubicar a ninguno de los indiciados, dijo el abogado Abel Carreón Mora, del despacho Regino Abogados, defensor de la cineasta Judith Contreras, así como de Luis Francisco Sánchez Escalante, hermano de la cantante “Amandititita”.

La noche del miércoles y hasta la madrugada del jueves, la defensa, el agente ministerial, el secretario de Acuerdos y la juez, observaron y analizaron los videos en una diligencia en la que también se estudiaron las imágenes captadas por otras dos televisoras, y grabaciones que se difundieron en redes sociales.

“Con independencia de que existan acercamientos o no en las tomas, es necesario para poder determinar e identificar a una persona, hacer peritajes especiales de planimetría facial, donde se comparan rostros, características físicas, para determinar si es la persona acusada o no”, explicó el abogado Carreón Mora.

Este tipo de peritajes son comunes en los asaltos a bancos, y para ello, se sacan fotografías del detenido y del rostro captado en el video, para hacer ampliaciones de características de la fisonomía y hacer comparaciones.

Eduardo Miranda abogado y padre de Eduardo Miranda Rochín, uno de los que estaban internos en el Reclusorio Norte, dijo que las mejores imágenes fueron tomadas por las televisoras, pero en ellas tampoco se ubicó a ninguno de los acusados.

Hizo saber que el viernes, la Secretaría de Seguridad Pública entregó al juzgado nuevas pruebas contra los acusados, “son algunas fotografías de videos”, que tampoco aportaban nada.

Óscar de los Reyes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, dijo que las imágenes “deben asociarse con otros elementos que puedan hacer más contundentes la prueba plena, para que no se lesionen los derechos fundamentales de las personas”, dijo. (Con información de Fernando Martínez)