El gobierno de Estados Unidos hizo valer su autoridad constitucional para recomendar a una corte federal de Connecticut conceder la inmunidad diplomática al ex presidente de México, Ernesto Zedillo, y blindarlo de una acusación de crímenes de lesa humanidad por la masacre de 45 personas ocurrida en Acteal, Chiapas, en 1997.

Tras doce meses de litigio en una corte federal de Connecticut y una serie de intensas consultas ante los Departamentos de Estado y de Justicia, el magistrado que instruye el caso recibió el pasado viernes la esperada recomendación del gobierno de Barack Obama para reconocer el derecho que asiste al ex presidente Zedillo en la petición de inmunidad que ha sido presentada en su nombre por el gobierno de México.

"Tras la consideración de los hechos y las circunstancias de éste caso, el Departamento de Estado ha determinado que el ex presidente (Ernesto) Zedillo tiene el derecho a la inmunidad", se establece en la recomendación que el Departamento de Justicia transmitió al juez Alvin Thompson tras una serie de consultas con el Departamento de Estado.

El documento de 8 páginas, es un compendio de los precedentes legales que asisten al ejecutivo para recomendar o no a la rama judicial el reconocimiento de una inmunidad que, en éste caso, ha sido concedida sin entrar en el fondo de los méritos esgrimidos en la demanda.

En el texto se señala que el interés del gobierno en este caso está en relación directa no solo con "relevantes principios de leyes internacionales", sino con "la implementación de su política exterior" y el manejo de las relaciones exteriores, una competencia exclusiva del ejecutivo estadounidense.

A la recomendación de inmunidad entregada al juez por la oficina del fiscal general, Eric Holder, se ha anexado la petición del Departamento de Estado que, en un lenguaje más explícito pone énfasis en los "poderes constitucionales" que asisten al ejecutivo para responder positivamente ante la demanda de inmunidad presentada por el gobierno de México para proteger al ex presidente Zedillo.

En noviembre del 2011, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarhukán, entregó al Departamento de Estado Unidos una nota diplomática solicitando la inmunidad a favor de Zedillo.

"El gobierno de México ha solicitado la inmunidad al considerar que las acciones que el ex presidente Ernesto Zedillo ejecutó, en conexión con los eventos mencionados en la demanda, fueron tomadas durante el tiempo que fungió como jefe de Estado", se subraya en la carta remitida por el Departamento de Estado para justificar así la recomendación de una inmunidad que se ha sido sugerida al juez.

"La demanda contra el ex presidente Zedillo se ha basado sobre hechos que ocurrieron cuando era presidente, no un ciudadano privado", se enfatiza en la carta emitida por el Departamento de Estado donde se reconoce el impacto de éste caso en las relaciones con México.

La acusación contra el ex presidente Ernesto Zedillo, que exige una compensación por 50 millones de dólares, fue presentada en septiembre del 2011 por el despacho de abogados de Marc Pugliese, de Miami, ante una corte federal de Connecticut. Según la demanda, los crímenes de lesa humanidad fueron perpetrados durante los trágicos acontecimientos registrados durante la masacre de Acteal, en diciembre de1997, por grupos paramilitares asistidos por fuerzas del ejército mexicano.

Nada más conocer la recomendación del gobierno, los abogados del despacho de Marc Pugliese en Miami se declararon "profundamente decepcionados" por la decisión de recomendar la inmunidad al ex Presidente Ernesto Zedillo.

vsg