Ante la militarización de la Policía Municipal en esta frontera, además de la restricción de las garantías individuales con retenes y cateos que realizan los militares, miembros de más de 50 organizaciones no gubernamentales y personalidades defensoras de los derechos humanos exigieron se brinde seguridad a la población sin violentar los derechos constitucionales.

Al dar a conocer la llamada Declaratoria de Solidaridad Permanente, las activistas Esther Chávez Cano, del Centro de Crisis Casa Amiga, y María Elena Ramos, directora del Programa Compañeros, entre muchas otras, informaron que los hechos son contundentes y así lo demuestran casi mil homicidios impunes en 8 meses.

Además de eso, señalado, son impresionantes los más de 25 mil desempleados e ignorados por las autoridades y miles de familias afectadas en sus viviendas por las inundaciones.

“Esto aún no tiene respuesta de la autoridad, y además existen cateos sin orden judicial en que igual obran delincuentes y militares, además de que los feminicidios están olvidados y estos siguen”, expresaron.

María Elena Ramos, directora del Programa Compañeros, dijo que las ONG que formaron el Frente Juárez, Tierra de Dignidad y signaron la declaratoria, rechazan que autoridades municipales recluten entre 500 y mil soldados para habilitarlos como agentes policíacos, ya que la forma de operar de los militares no es la adecuada para atender civiles y ellos solamente están preparados para matar en combate.

Asimismo, convocaron a la población a crear un movimiento comunitario para recuperar la estabilidad de Ciudad Juárez, por considerar que los juarenses han sido despojados del derecho a una vida digna, paz, armonía y seguridad que merece por ser una comunidad trabajadora, hospitalaria y con responsabilidad social.

“Los tres niveles de gobierno están faltando a la responsabilidad que asumieron al ocupar puestos que tienen como primer y último fin, velar y defender los derechos reconocidos en las leyes nacionales y en los tratados y pactos internacionales que sustentan el derecho primigenio a la vida y a la seguridad de la misma de todos los miembros de la familia humana”, expresaron.

Desde este jueves se declararon en solidaridad permanente con las familias de los hombres, niños y jóvenes víctimas de la violencia, con las y los trabajadores que han sido despojados del sueño de tener una casa y un empleo, así como con los ciudadanos que han sido asaltados y secuestrados, amenazados, golpeados y robados en sus casas, en la calle y en el mismo lugar de trabajo y con las mujeres en quienes se recrudece la violencia e impunidad.

“Queremos que nuestra voz se escuche hasta su oficina, el presidente de la república, el gobernador y el alcalde deberían estar interesados en su gente, pero no hay respuesta así que mucho tenemos que decir y atestiguar”, señaló Elizabeth Flores, de Pastoral Obrera de la Diócesis de Juárez.

jct