Miles de militantes de partidos políticos opositores y organizaciones civiles de Venezuela marcharon hoy por el centro de esta capital en rechazo a la "inhabilitación política" de precandidatos a gubernaturas y alcaldías.

Los manifestantes recorrieron unos ocho kilómetros del centro de Caracas hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde una comisión intentó sin éxito entregar un documento para pedirle que se pronunciara sobre la medida tomada por la Contraloría General.

Los inconformes, que llevaban mantas y pancartas con frases alusivas a la protesta, rechazaron la inhabilitación política que el contralor general, Clodosbaldo Russián, dictó la víspera a 270 personas, en su mayoría opositoras al gobierno del presidente Hugo Chávez.

Con la inhabilitación política que Russián entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE), los afectados están impedidos de postularse a los elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizarán en noviembre próximo en el país.

Entre los inhabilitados se encuentran el ex gobernador del estado de Miranda y precandidato al mismo, Enrique Mendoza, y el alcalde del conurbado municipio Chachao, Leopoldo López, quien buscaba postularse a la Alcaldía Metropolitana.

Todos están acusados por Russián de malversar fondos públicos mediante irregularidades administrativas que, según la oposición, "no constituyen delitos penales", por lo que introdujo recursos de nulidad ante el máximo tribunal venezolano.

Con pancartas, banderas y consignas en defensa de "mi derecho a elegir", los manifestantes expresaron su protesta contra lo que consideran un ardid político del oficialismo para impedir la victoria de algunos de sus candidatos más emblemáticos.

Abogados constitucionalistas afirman que las sanciones del contralor violan la Constitución, la cual establece que sólo pueden ser vetados a cargos públicos "quienes sean condenados con sentencia firme de los tribunales".

En su defensa, Russián afirmó que la ley de la Contraloría lo faculta para adoptar sanciones administrativas en la lucha contra la corrupción y que los inhabilitados siguen sin demostrar su inocencia.

Dirigentes de la protesta lamentaron que ningún magistrado los recibiera para entregar su documento y deploraron además que la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, estuviera en un foro penitenciario con el presidente Chávez.

"Esa es una demostración de la voluntad que hay de negarle los derechos de los ciudadanos a elegir", sostuvo el secretario general del partido socialcristiano Copei, Luis Ignacio Planas.

La Sala Constitucional del TSJ continúa evaluando los recursos de interpretación del artículo 105 de la Ley de la Contraloría General de la República referente a las inhabilitaciones, por lo que se pronunciará al respecto una vez que esté listo el proyecto.

"El poder judicial es autónomo y absolutamente independiente, y no obedecemos a ningún tipo de presión, ni de pueblos, ni de marchas, ni de entes de gobierno", puntualizó por su parte la presidenta del TSJ.

"Sencillamente, en la oportunidad en que la Sala Constitucional tenga listo el proyecto que está siendo elaborado y discutido, nosotros lo publicaremos", sentenció Morales.

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