Después de publicar "Los demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil", la periodista Lydia Cacho puso al descubierto la protección que recibía de políticos y empresarios Jean Succar Kuri,  propietario de los negocios Coral Reef, Villas Solymar, acusado de comandar  una red de prostitución y pornografía infantil con ramificaciones en Los Ángeles, California. En este mismo libro se menciona la participación en esta red a Kamel Nacif Borge,  empresario textilero conocido como El Rey de la Mezclilla, quien demandó a  Cacho por difamación.

A continuación presentamos algunos detalles del caso:

2005

16 de diciembre: Lydia Cacho, presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), es detenida y trasladada vía terrestre desde Cancún, Quintana Roo hasta Puebla, en medio de un fuerte operativo de seguridad por agentes de la Procuraduría General de Justicia poblana en cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de una denuncia de difamación y calumnias por Kamel Nacif, sin embargo, Cacho es puesta en libertad bajo fianza. Dicha orden fue otorgada el 12 de octubre por la juez Quinto Penal de Puebla, Rosa Felia Pérez González.

2006

14 de febrero: Se difunde una charla telefónica entre el empresario Kamel Nacif con el gobernador de Puebla, Mario Marín. En ella ambos tratan represalias contra la labor informativa de la periodista Lydia Cacho. Nacif Borge, con lenguaje vulgar, refiere a lo largo de las conversaciones cómo, mediante amistades y contactos dentro del Cereso poblano, "recomendó" que encerraran a Lydia "con las locas y las tortilleras" para que fuera violada cuando ingresara a prisión; cómo se obviaron los trámites legales de notificar a la periodista del proceso que se seguía en su contra "porque si no, no llega a la cárcel".

13 de marzo: Lydia Cacho denuncia ante dos fiscalías de la PGR al gobernador Mario Marín, a la procuradora poblana, Blanca Laura Villeda, a la juez Quinto en Materia penal en Puebla, Rosa Silvia Pérez, a una agente del Ministerio Público y a dos judiciales, así como al empresario Kamel Nacif.

6 de abril: Lydia Cacho amplia la denuncia penal contra el gobernador de Puebla, Mario Marín, y presenta pruebas en su contra por un presunto peculado en el que habría incurrido el Ejecutivo local, por pagar peritajes con recursos del erario para contar con pruebas en su defensa, ante la acusación que enfrenta de colusión con Kamel Nacif.

7 de abril de 2006: La SCJN recibe copias de los expedientes que integran diversas dependencias sobre el caso de la periodista Lydia Cacho, por lo que el máximo tribunal del país está en posibilidades de analizar los documentos y determinar si es procedente o no que una comisión especial de ministros investigue a Marín.

17 de abril: La mayoría de los ministros de la Corte se manifiestan en favor de que el máximo tribunal investigue la presunta violación de las garantías individuales de Lydia Cacho por parte del gobernador poblano. Seis de los 11 integrantes del pleno se declaran en contra.

18 de abril: Por mayoría de seis votos contra cuatro, el pleno de ministros de la SCJN atrae la investigación en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín. Con ello se echa a andar el mecanismo para que una comisión formada por magistrados de la Corte investigue las "violaciones graves", cometidas presumiblemente por el mandatario estatal y otros funcionarios en contra de los derechos individuales de la periodista Lydia Cacho.

16 de mayo: Kamel Nacif comparece ante la PGR, en relación con la denuncia que presentó Lydia Cacho en su contra, por la violación de sus garantías individuales. El empresario de origen libanés se niega a dar declaraciones, no sólo ante la prensa, sino también ante el Ministerio Público Federal.

19 de septiembre: El pleno de la Suprema Corte determina investigar la participación de Marín, en una presunta concertación para vulnerar derechos de la periodista. En votación de siete votos contra tres, los ministros desechan el proyecto de sentencia del ministro Guillermo Ortiz al argumentar que fue deficiente e incompleta la investigación sobre el caso.

4 de octubre: Un juez penal del fuero común, con sede en Cancún, Quintana Roo, se declara incompetente para conocer y desahogar el juicio iniciado contra la periodista Lydia Cacho, tras considerar que los hechos materia de la denuncia penal que presentó en su contra Kamel Nacif sucedieron en la ciudad de México, donde se editó y distribuyó el libro "Los demonios del edén", sobre prácticas de pederastia.

2007

2 de enero: Kamel Nacif pierde en definitiva la batalla jurídica que inició contra la periodista Lydia Cacho, que lo vinculó en una publicación con actividades relacionadas con un pederasta.

15 de enero: Al rendir su segundo Informe, el gobernador Mario Marín niega haber cometido algún delito en el caso de Cacho, e insiste en que las autoridades competentes deben investigarlo a fondo para determinar cuál fue su actuación.

14 de febrero: Lydia Cacho recibe del juez Lorenzo Medina la resolución que la exonera de los cargos por difamación que presentó en su contra Kamel Nacif.

26 de junio: Mario Marín logra que el pleno de la Corte aplazara, de forma indefinida, la revisión del informe de la comisión investigadora encabezada por el ministro Juan Silva Meza, la cual comprobó que aquél, en complicidad con diversos funcionarios, incurrió en violaciones graves a las garantías de la periodista Lydia Cacho.

26 de noviembre: Mario Marín y funcionarios de Quintana Roo participaron en un "concierto de autoridades" para violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, reitera la Comisión Investigadora de la SCJN sobre el caso.

27 de noviembre: Con seis votos a favor y cuatro en contra, la SCJN desecha del dictamen final del caso Lydia Cacho el tema de las redes de pederastia y pornografía infantil en México. Argumenta que ello no forma parte de las indagatorias que fueron encomendadas a la comisión investigadora del asunto, encabezada por el ministro Juan Silva Meza.

29 de noviembre: Los ministros de la SCJN resuelven que no existió una  conspiración entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif,para violar las garantías individuales de Cacho, e incluso determinaron que la transgresión a sus derechos no es grave, y por lo tanto el caso puede ser resuelto en otras instancias judiciales.

Después de la resolución de la Corte, Lydia Cacho asegura que el Estado fue utilizado para acallar un caso de pornografía infantil, y que con su fallo permitió que triunfara la impunidad y la corrupción sobre la justicia.

grg