El juez federal del caso Acteal, Martín Rangel Cervantes, recurrió a Wikipedia, la enciclopedia libre de internet, para sentenciar a 25 años de prisión a 18 indígenas tzotziles acusados por la matanza de 45 personas ocurrida en esa comunidad chiapaneca hace casi 10 años.

Rangel Cervantes utilizó ese sitio de internet para sustentar el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército en contra de los acusados, desechando el dictamen de balística que consta en el expediente.

El dictamen establece que las tres armas encontradas por la Procuraduría General de la República (PGR) después de la matanza no corresponden a los casquillos que se recuperaron en la escena del crimen, los cuales forman parte de la evidencia.

Sin embargo, con la ayuda de Wikipedia, el juez determinó que ese tipo de casquillos se utilizan en armas de alto calibre, cuyo uso está reservado a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, que los acusados son los responsables del delito, a pesar de que el dictamen no pueda relacionar las armas aseguradas con los casquillos recuperados.

En la sentencia, de la que EL UNIVERSAL tiene una copia, el juez describe a lo largo de casi cuatro fojas, las armas que, según el sitio de internet, utilizan el tipo de casquillos recuperados.

“En relación con el tema, en las páginas de internet obtenidas de la consulta del buscador fuente http://google.com.mx, relativas a la enciclopedia libre Wikipedia, de Wikipedia Foundation, se precisa lo siguiente:

“Página: http://www.municion.org/44 magnum/44magnum.htm.

“El .44 Magnum. Su elevadísima potencia necesita mucho entrenamiento y armas muy grandes y robustas, algunos utilizan cartuchos del .44 Russian o el .44 Special en sus revólveres (totalmente compatibles).

“Como nota destacable, la energía de estas balas prácticamente duplica la del .357 Magnum. También se debe hacer notar que sus vainas son utilizadas a menudo —después de recortarlas a la medida apropiada— para fabricar cartuchos .44 obsoletos o más difícil de encontrar en el mercado”.

Martín Rangel Cervantes tampoco tomó en cuenta los resultados de la prueba de radizonato de sodio, que se realizó dos días después de la matanza, para establecer si los inculpados habían disparado armas de fuego en las últimas horas, según los datos recabados.

De acuerdo con el dictamen, no se detectó plomo ni bario en las manos de 17 de los procesados, pero el juez resolvió que aun así pudieron haber disparado las tres armas que constan en el expediente.

En la sentencia el juez estableció que, por tratarse de agricultores o artesanos, que realizaban un trabajo manual, el aseo personal y “las circunstancias ambientales... hacen creíble que los rastros pudieran haber desaparecido”.

Por los mismos delitos, la portación y el uso de las mismas tres armas, espera sentencia en las próximas semanas otro grupo de 34 inculpados, en una acusación que la defensa considera absurda, pues “pareciera que los sentenciados en el momento de la matanza se estuvieron prestando las tres armas que tiene en su poder el juez”.

El juez también basó su sentencia en una lista que entregó dos días después de la matanza Agustín Arias, uno de los indígenas presentes ese 22 de diciembre de 1997. La relación incluía 163 nombres con la leyenda: “Son los asesinos de Los Chorros, que huvo 45 muertos y heridos en Acteal” (sic).

No obstante, el propio testigo reconoció ante el juez que no entendía español, que no sabía leer ni escribir, y que la lista le fue entregada “por los (policías) judiciales”. Además, inicialmente sólo había señalado a tres presuntos responsables.

El documento consta de varios agregados que tienen diferentes tipos de letra.

La defensa ha cuestionado la actuación del juez, pues considera que “se convierte en un fiscal que busca suplir las deficiencias en la acusación de la Procuraduría, dejando en estado brutal de indefensión a los procesados”.

La sentencia, dictada el 22 de julio, ya fue impugnada por la defensa, por lo que será revisada por el Primer Tribunal Unitario, de Tuxtla Gutiérrez.