La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó ayer reformas para despenalizar el aborto en la ciudad de México durante las primeras 12 semanas de embarazo.

Los cambios al Código Penal y a la Ley de Salud se aprobaron con 46 votos de los diputados del PRD, PRI, Nueva Alianza y la coalición socialdemócrata que integran el PT, Convergencia y Alternativa. Los 17 asambleístas del PAN y dos del PVEM votaron en contra, en tanto que el priísta Martín Olavarrieta fue el único que se abstuvo de emitir su sufragio.

El aborto sólo se tipificará como un delito a partir de la semana 13 y se castigará a la mujer que lo practique desde ese momento, con una pena de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

En la reforma se establece como delito grave obligar a una mujer a abortar, por lo que se impondrán de cinco a ocho años de cárcel a quien fuerce a la mujer, sin derecho a salir libre bajo fianza. Si en este caso mediara violencia física o moral, la pena de prisión se incrementará de ocho a 10 años.

Los diputados del PAN argumentaron que el documento "está plagado de vicios de procedimiento, se contradice con la Constitución porque ésta tutela el derecho a la vida y no sustenta científicamente por qué un feto menor de 12 semanas no se considera un ser vivo".

En respuesta, los diputados que apoyaron la despenalización insistieron en su defensa de los derechos a decidir y de la vida de las mujeres; dijeron que de esta forma se garantizará una atención médica integral y sin riesgos para la mujer que decida abortar.

La presidenta del PAN capitalino, Mariana Gómez del Campo, insistió en que su partido promoverá una accion de inconstitucionalidad de las reformas, pero a través de las comisiones Nacional de Derechos Humanos o del DF, o en su caso desde la Procuraduría General de la República, que son las instancias facultadas para impugnar el decreto.

El consejero jurídico de la Presidencia, Daniel Cabeza de Vaca, adelantó que la PGR revisará la reforma para decidir si inicia o no un proceso de inconstitucionalidad.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que denunció al PAN ante la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral por difundir un spot contra el aborto en el cual, consideró, se distorsionó y se lesionó gravemente la imagen de los juzgadores.