Después de permanecer arraigados tres meses, se cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra 11 presuntos integrantes de una célula del Cártel de los Arellano Félix, sujetos entre los que se encuentra un presunto responsable de la ejecución del comandante de la Policía Ministerial de Tijuana, José de Jesús Bedolla Garibaldi, perpetrado en el año 2005.

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que será el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el que defina si los presuntos sicarios serán procesados por delitos contra la salud, delincuencia organizada, secuestro, acopio y posesión de armas de fuego reservadas al uso exclusivo del Ejército.

Los inculpados fueron detenidos el pasado 20 de enero, en el marco del Operativo Tijuana, en un inmueble de la colonia Camino Verde, en la zona conocida como Mesa de Otay, en esa ciudad fronteriza. Ante los indicios de sus actividades del narcotráfico fueron arraigados, en tanto se integró el expediente en su contra, que sirvió para que el juzgado federal girara las órdenes de aprehensión en su contra y fueron ingresados al penal de máxima seguridad "El Altiplano", del estado de México.

Entre los presuntos sicarios del Cártel están Fabián Pérez Ozuna, quien presuntamente aceptó su participación en el asesinato del comandante Bedolla Garibaldi, perpetrado en febrero de 2005, en la zona de La Presa, en Tijuana, Baja California.

También José Raúl González Hernández, quien en el año 2003 se fugó del penal de Mazatlán, Sinaloa, junto con otras 37 personas, cuando cumplía una sentencia de 22 años de cárcel, por el delito de secuestro, fue enviado a prisión junto con José Martínez Jr. y Julio César Alducin Murguía, a quienes se les imputa pertenecer a una célula del Cártel de Tijuana, dedicada al secuestro.

Asimismo, Ronald Genaro Zúñiga García, Juan Diego Delgado Ortiz, José Luis González Estrada, Antonio Israel González Jaramillo, Margarito Zúñiga Cuevas, José Luis Ramos Arreguín y José de Jesús Pahua Ruiz, fueron consignados y esperan que el juez federal determine su situación jurídica.

Aunque en el caso de estos siete sujetos sólo se les acusa de delincuencia organizada y delitos contra la salud, pues se les vincula con un cargamento de nueve toneladas y media de marihuana.

gdh