La Procuraduría General de Justicia Militar investiga a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro, así como al mayor Francisco Javier Barquín Alonso, por el delito de homicidio calificado cometido en contra de miembros del grupo armado que dirigió Lucio Cabañas.

El delito, de acuerdo con la causa penal número 1723/2002, fue cometido en las instalaciones de la base militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta, Guerrero.

Por su parte, familiares de los desaparecidos políticos de los años 70 se dijeron acosados por elementos de la Procuraduría General de Justicia Militar.

Julio Mata, representante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México, informó que desde el 6 de febrero pasado la justicia militar envió citatorios a los familiares de las víctimas de la guerra sucia.

"Por esta situación, ha regresado el clima de terror en las comunidades porque quienes se llevaron a los familiares y amigos en los 70 fueron los mismos miembros del Ejército", señaló.

Julio Mata informó que desde el pasado 6 de febrero se han recibido 15 citatorios en Atoyac de Álvarez y 4 en Acapulco, Guerrero, por lo que la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México circuló boletines entre los familiares para que no acudan ante la justicia militar.

Argumentó que las denuncias fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) y esta instancia es la que debe investigar.

No han resuelto ningún caso

Andrés Nájera Hernández, representante del grupo Eureka en Guerrero, dio a conocer que se encuentran atorados más de 200 casos de desaparecidos políticos investigados por el fiscal especial para Movimientos Sociales Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, "porque no ha resuelto uno solo".

Dijo que al fiscal especial se le dieron nombres de militares, agentes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, judiciales estatales y hasta de la Brigada Blanca, "y a ninguno ha mandado citar".

De igual manera señaló que están perdiendo la esperanza de que sean investigados los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, "porque ya se descartó que vayan a ser juzgados por tribunales civiles, y ellos están acusados de las desapariciones forzadas de 500 guerrerenses".