El presidente del Consejo de Administración de Bancomer-Bilbao Vizcaya en México, José Madariaga Lomelí, es investigado por la PGR por presunta violación del secreto bancario y uso ilícito de un documento mercantil por 100 mil millones de yenes, cerca de 700 millones de dólares.

La indagatoria se realiza en virtud de la ratificación de la denuncia (averiguación previa 78/FESPLE/2002) presentada por Federico Acosta Sierra hace apenas unas semanas. De acuerdo con el expediente, en poder de EL UNIVERSAL, Madariaga utilizó documentos que no eran de su propiedad para cobrar un bono japonés por (A-1483, serie 57) por 100 mil millones de yenes, con la posible participación de altos ejecutivos de BBV-Bancomer, de la PGR, de la PGJDF, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la SRE.

Entre los involucrados están Luis Robles Miaja, alto ejecutivo de BBVBancomer y José Antonio Lechuga Vega, de la PGR, así como el director de investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Alberto Martínez Zamora, por posible uso de información confidencial.

La denuncia de Acosta Sierra señala que en el expediente de la causa penal 148/99 que se tramitó en el Juzgado Octavo de Distrito de Procesos Penales del Distrito Federal, aparece el original del oficio 529-V-01.3035 de fecha 4 de octubre de 1995, que el director de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal, Carlos Alberto Martínez Zamora envió directamente al director jurídico de Probursa, Luis Robles Miaja. Esto acredita que la comunicación entre el director de Investigaciones y Robles Miaja "versó únicamente sobre mis bienes en custodia y fue una comunicación directa, no a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; además no fue para fines fiscales ni porque el titular del contrato de guardavalores fuera parte de un juicio y un juez hubiera ordenado se revelara información sobre mi depósito", señala Acosta Sierra.

Por tanto, Robles Miaja violó el secreto bancario "buscando fabricar alguna excusa para apoderarse de mi depósito", señala en la ampliación de su denuncia Federico Acosta Sierra. En el expediente, también se menciona, como parte de la red para desviar el destino del documento, a Antonio Campuzano, Martha Eugenia Vilchis, Braulio Torres Díaz y Ramón Pérez Portillo, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; a Víctor Antonio Carrancá Bourget y Alejandro Robledo Carretero, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

Los hechos

En su denuncia, Federico Acosta Sierra relata que el 27 de octubre de 1995, cuando solicitó la devolución de sus valores en custodia, amparados por el certificado SPG2104-6, Hugo Pimentel Escobar, del Departamento Jurídico de Multibanco Mercantil Probursa, se la negó.

"Mis asesores jurídicos consideraron que además de la posible violación del secreto bancario, se estaba cometiendo el delito de abuso de confianza", dado que en el momento de la solicitud de devolución de valores no había ningún impedimento legal. "En ese momento no teníamos conocimiento de los problemas legales que habían estado fabricando Luis Robles Miaja, Hugo Rafael Pimentel Escobar y José Antonio Lechuga, presumiblemente en colaboración con Fernando Díaz y José Madariaga Lomelí para adueñarse de mis bienes."

Relata que con base en la ilegal comunicación que realizó Luis Robles Miaja con el director de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Alberto Martínez Zamora, obtuvieron una comunicación con un supuesto funcionario de la embajada de Japón en México. El funcionario era Yoshukiyo Akutagawa, quien supuestamente era el segundo secretario y agregado financiero de la embajada, quien les informó que "con respecto a la copia del documento que había recibido el bono, la figura de ese documento era inexistente en el sistema financiero japonés, por lo que podría deducirse que es un espécimen completamente falso". Una vez que tuvieron ese documento a través de Robles Miaja, planearon una estrategia penal y civil, considerando que con eso podrían argüir la falsedad del Certificado de Bono Japonés A-1483, serie 57. Así las cosas, el 6 de octubre de 1995 Hugo Pimentel Escobar presentó la denuncia de hechos que dio origen a la averiguación previa 8332/DO/95, argumentando daños en contra de Bancomer, todo derivado de la comunicación del supuesto funcionario de la embajada de Japón en México.

Sin embargo, Escobar dejó los documentos en custodia en la Procuraduría General de la República para su aseguramiento hasta el 30 de octubre de 1995, es decir tres días después de que Acosta Sierra había solicitado la devolución y 24 días después de que presentó su denuncia de hechos. Además, Acosta Sierra dice contar con el oficio original del señor Sozaburo Okamatsu, asesor especial del Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Japón, oficio 0030 para la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que confirma la autenticidad de la nota japonesa bono y confirma que el poseedor es Acosta Sierra.