El gobierno de Vicente Fox abrió la puerta a Estados Unidos para acceder a volúmenes de agua mexicana no pactados en el Tratado sobre Aguas Internacionales, cuando el 16 de marzo de 2001 firmó el Acta 307, que compromete a México a entregar volúmenes desconocidos de agua de presas y 100 por ciento de los escurrimientos de los llamados afluentes no aforados del río Bravo.

Un dictamen del Senado de la República denuncia además que esa decisión del gobierno foxista afectó 202 mil hectáreas y a 15 mil productores tamaulipecos, a quienes dejó sin agua para riego, por saldar la deuda con Estados Unidos correspondiente al ciclo 1992-1997.

El documento del Senado señala que la firma del Acta 307 contradice y vulnera los términos del tratado de 1944, que en su artículo cuarto establece el compromiso de México de entregar sólo la mitad de los afluentes no aforados.

"De ninguna manera es aceptable para esta soberanía ni para el país entregar volúmenes adicionales de agua a Estados Unidos, que no sean los estrictamente establecidos en el tratado, dado que el agua es un recurso estratégico para la nación", resuelve el documento.

El gobierno federal tampoco cumplió con la promesa de resarcir el daño y pagar a los productores mil 66 pesos por hectárea dañada.

El 27 de mayo del año pasado, el gobierno de México saldó con Estados Unidos el faltante de volúmenes de agua correspondiente al ciclo 1992-1997, y para ello utilizó agua de presas y cuencas distintas a las establecidas en el Tratado sobre Aguas Internacionales.

"Ello, desde luego, obró en perjuicio de los productores y derechos de las aguas utilizadas", sostiene el dictamen emitido por las comisiones de Recursos Hidráulicos, Relaciones Exteriores, América del Norte y de Asuntos Fronterizos del Senado.

Por ello, el Senado hizo una excitativa urgente al Ejecutivo, para que a la brevedad cumpla con el convenio suscrito con los usuarios del distrito de Riego 025, para compensar los daños ocasionados en el ciclo 2001, "y, dado lo delicado del asunto, para que adopte las medidas presupuestales para compensar los daños ocasionados en el ciclo 2002".

El senador priísta Óscar Luebbert explicó que el gobierno ofreció una compensación a los productores para pagar el agua entregada a Estados Unidos, pero hasta la fecha no ha cumplido con el pago, que es de más de 200 millones de pesos.

Los compromisos del acta 307

Firmada en las oficinas del Departamento de Estado, en Washington, Estados Unidos, por Arturo Herrera Solís, representante mexicano ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el Acta 307 es resultado de las pláticas entre los presidentes de ambas naciones. "Los comisionados tomaron nota de las conversaciones llevadas a cabo entre los presidentes Vicente Fox y el presidente George W. Bush, en San Cristóbal, Guanajuato, el 16 de febrero de 2001", dice una de las tres cuartillas del acta.

"Ahí se lesionaron los intereses de los productores tamaulipecos, y se abrió la puerta a las expectativas de Estados Unidos", dice Luebbert. Esa acta compromete también a México a entregar el tercio de las aguas existentes en la presa Venustiano Carranza : "Un volumen adicional neto de 47 millones de metros cúbicos se puede esperar de la presa (...) que constituye el tercio que corresponde a los Estados Unidos".

El problema es que, según los agricultores de Tamaulipas, se entregó no sólo esa tercera parte, lo cual es legal, sino también las dos terceras partes, que eran propiedad de los mexicanos. "Ahí teníamos nuestra reserva, que era de 500 millones de metros cúbicos, pero el gobierno federal la desvió a Estados Unidos, y a nosotros nos dejaron con volumen de agua cero desde el 2001", dice Jaime Garza, agricultor y asesor del distrito de Riego 025, el más afectado por la carencia de agua en ese estado.

Un punto conflictivo adicional es el que se refiere al posible uso de agua proveniente de presas no incluidas en el tratado. "Se podría considerar los posibles faltantes (...) con aguas provenientes de las presas Luis L. León, La Fragua, Centenario y San Miguel?.

El dictamen legislativo destaca que el tratado no le confiere facultades a la CILA, para actuar de manera discrecional.

Por ello, el Senado solicita al Ejecutivo federal notifique al comisionado mexicano ?que se abstenga de suscribir minutas y/o de ejecutar actos o acuerdos al margen de las facultades que expresamente le son conferidas por el propio tratado?.