La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con indicios de que Ramón Arellano Félix, una de las cabezas del cártel de Tijuana, habría sido asesinado el pasado 10 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, durante un enfrentamiento con integrantes de una de las bandas de narcotraficantes rivales.

Y aunque el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, señaló que esa es una de las "hipótesis" que se trabajan, una fuente de primer nivel con acceso a la investigación señaló que los indicios con que se cuentan apuntan en ese sentido. "Existe 98 por ciento de posibilidades de que Ramón Arellano Félix haya muerto en lo que fue un enfrentamiento entre miembros de su organización y la que encabeza Ismael El Mayo Zambada (quien trabaja con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo , prófugo de la justicia), por el robo de cargamentos de droga y en el que también murieron dos gatilleros y un policía", comentó.

Indicó además que una de las armas que tenía en su poder uno de los implicados habría sido utilizada en el asesinato, hace unos meses, de los magistrados, Jesús Alberto Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra, del Primer Tribunal Unitario de Circuito con sede en Mazatlán.

De acuerdo a las primeras investigaciones, dijo el mismo funcionario, autoridades estatales cometieron diversas irregularidades en los trámites que debieron realizarse para la entrega del supuesto cuerpo de Arellano Félix a un presunto familiar que lo habría trasladado a Tijuana, para lo que son investigados.

Macedo de la Concha dijo que el cuerpo del narcotraficante no está en poder de la Procuraduría General de la República (PGR), pero hay "pistas" para poder localizarlo.

Explicó que se comparte información con la Agencia Antidrogas de EU (DEA) como parte de las investigaciones para determinar si en efecto se trata de Ramón Arellano, uno de los 10 narcotraficantes más buscados de EU. El pasado 10 de febrero se difundió la noticia de un enfrentamiento entre gatilleros y policías estatales ?durante el carnaval de Mazatlán? sin embargo, en ese momento no se mencionó que uno de los muertos identificado inicialmente como el agente federal Jorge Pérez López podría ser el narcotraficante Ramón Arellano Félix.

El diario El Noroeste de Mazatlán afirmó ?en su edición de ayer? que Pérez López es en realidad uno de los 10 hombres más buscados por la DEA, FBI y autoridades mexicanas. La nota citó como fuente una investigación policiaca de Estados Unidos y México.

Las autoridades consultadas por este diario explicaron que se está dando todo un reposicionamiento de organizaciones de narcotráfico en la zona del Pacífico y donde han empezado a acentuarse las disputas por los cargamentos de droga.

Según El Noroeste de Mazatlán, Ramón Arellano Félix llegó a este puerto el 5 de febrero con el propósito de ejecutar al también narcotraficante Ismael Mayo Zambada García, tras recibir información de que éste se encontraba en el lugar para disfrutar del carnaval.

Indicó que Ramón Arellano armó una operación para asesinar a Zambada, pero murió el 10 de febrero en un enfrentamiento con los agentes ministeriales.

El enfrentamiento

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría estatal, el domingo 10 de febrero alrededor de las 10:30 horas tres personas circulaban en un Volkswagen blanco por la calle Rodolfo T. Loaiza, quienes fueron interceptados por cuatro policías ministeriales para detener la unidad como revisión de rutina.

Los ocupantes del auto compacto no hicieron caso, mostraron sus armas a manera de reto, continuaron su marcha a exceso de velocidad y se introdujeron al estacionamiento del hotel Plaza Gaviotas, en la zona dorada de este puerto.

Uno de ellos se introdujo al hotel y los otros dos salieron a la calle Privada Bugambilias, donde se encontraron con los policías.

El agente Ángel Antonio Arias trató de acercarse a ellos y se identificó como ministerial, pero lo recibieron a tiros y murió de dos impactos de bala en el abdomen, afirmó Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, director estatal de la PME.

También murieron Jorge Pérez López (el supuesto Ramón Arellano Félix), quien portaba una credencial que lo acreditaba como agente clase B federal número 126623 de la PGR y una pistola calibre 45 MK-4 serie 80, así como Héctor Solórzano Jiménez, quien traía una identificación como agente C de la PGR con número 135840 y un arma canadiense calibre 38 súper.

La policía ministerial

Los otros policías ministeriales iniciaron la búsqueda de la tercer persona que se introdujo en el hotel y posteriormente fue identificado como Manuel López López, quien llamó por teléfono a Roberto Wilchir Baeza para que lo sacara de ahí. La comunicación fue interceptada por la policía.

Tras las primeras investigaciones se determinó que Wilchir Baeza era realmente Marcos Asunción Hernández, quien fue policía federal de caminos y estuvo preso en Estados Unidos por delitos contra la salud.

En la acción se aseguraron en total tres fusiles AK-47 con más de 60 tiros, tres pistolas escuadra, 107 balas calibre 38 súper, 29 calibre 45, cinco cargadores para las pistolas, seis credenciales y 13 teléfonos celulares.

Las autoridades afirmaron que Solórzano Jiménez, uno de los supuestos agentes federales, también puede responder a los nombres de Efraín Quintero Carrizoza, Bernardo Rochín Romero, Manuel Ramírez Flores o Manuel Pérez Pérez, originario de El Roble Tlangualito, Durango.

Sobre Quintero Carrizoza hay una orden de aprehensión por su supuesta participación en la masacre de 12 personas en la comunidad del Limoncito de Alhaya, municipio de Cósala, el 14 de febrero del 2001.

¿Dónde esta el cadáver?

El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal afirmó que 36 horas después del enfrentamiento, se presentó una persona del sexo masculino para reclamar el cadáver de Jorge Pérez López y se acreditó como su primo. A las 23:30 horas hizo lo propio una mujer que dijo ser concubina de Quintero Carrizoza, quien se hacía llamar Héctor Solórzano. Aseguró que ambos acreditaron su personalidad con identificaciones, por lo que el agente del MP ordenó la liberación de los cuerpos.

En la funeraria los trabajadores no quieren dar información y sólo argumentan que ellos recibieron la orden de entregar el cuerpo a la familia. Agentes de la DEA en San Diego se trasladaron a México para apoyar la investigaciones. (Con información de Alejandro Medellín)