El militar José Francisco Gallardo Rodríguez mantiene el grado de general brigadier que le fue conferido por el Ejército mexicano el 21 de junio de 1989.

Así lo establece el amparo 669/98 que le concedió el 21 de septiembre de 1999 el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, aseguró que nunca tuvo conocimiento de alguna resolución por la que se ordenara al Ejército mexicano regresarle a José Francisco Gallardo Rodríguez "la patente" con el grado de general brigadier que ostentaba en 1994 al momento de ser detenido por diversos delitos del fuero castrense.

La resolución del Poder Judicial de la Federación de la cual posee una copia EL UNIVERSAL está suscrita por los magistrados María de Fátima Sámano Hernández, Pedro Esteban Penagos López y Jorge Antonio Cruz Ramos y en ella se "ampara y protege" al general José Francisco Gallardo contra un oficio emitido por la Dirección General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN).

El 8 de octubre de 1998, mientras el general Gallardo se encontraba preso en el campo militar número uno, la Dirección General de Personal de la SDN emitió el oficio 13547 en el que se le informa que "por acuerdo del C. general secretario de la Defensa Nacional, quedó usted destituido del empleo de general brigadier que dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos venía ostentando".

De igual forma, solicita al general que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 919 de la Ordenanza General del Ejército, remita a dicha dependencia las patentes de subteniente expedida el 1 de enero de 1967; de teniente, otorgada el 15 de julio de 1969; de capitán segundo, conferida el 1 de febrero de 1973; de capitán primero, entregada el 31 de marzo de 1976; de mayor, expedida el 16 de noviembre de 1979; de teniente coronel, con fecha 31 de diciembre de 1982 y de coronel otorgada el 14 de noviembre de 1986.

En respuesta, el general Gallardo solicitó un amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, el cual, el 23 de marzo de 1999, le fue negado.

Sin embargo, interpuso un recurso de revisión ante el quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa y éste resolvió otorgarle el amparo.

Con esta resolución el citado oficio de la SDN quedó sin efecto legal alguno y Gallardo Rodríguez mantiene el grado de general brigadier, así como el resto de las patentes.

La PGR lo niega

A este respecto, ayer, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, señaló: "No conozco ninguna resolución, no hay ninguna, no la recuerdo".

Entrevistado al término de la ceremonia del 89 aniversario de la marcha de la lealtad, recordó que la pérdida del grado militar se da en cualquier caso al tratarse de penalidades que superen los dos años de encarcelamiento.

El que Gallardo perdiera su grado, dijo, fue consecuencia de una pena que se le impuso y queda legalmente establecida en la propia resolución de los tribunales. Es ahí donde todo queda establecido y punto.

¿Pero es definitivo que perdió el grado?

Insisto, las resoluciones no hablan de un caso específico, las resoluciones en materia militar señalan que cuando la sentencia rebasa los dos años viene dicha resolución, de quitar el grado, como consecuencia legal de la pena impuesta.

¿ Pero ya no puede recuperar el grado si la Corte le da el amparo?

Bueno, insisto, yo no conozco ninguna resolución y los procedimientos son para todos; existe el juicio de amparo al cual pueden acudir todos aquellos que se crean violentados en sus derechos fundamentales y lo que les puedo decir es que todas las resoluciones de la justicia militar están ahí. Ahora, ¿pueden ser combatidas?, claro que sí a través de todos los mecanismos frente a los tribunales constitucionales. Eso es todo.

Se le preguntó si la decisión del presidente Vicente Fox de reducir la pena a Francisco Gallardo no ponía en entredicho a la justicia militar y se limitó a decir que la reducción de la pena es una figura que existe en el Código Penal Federal y que el Presidente tiene la facultad constitucional para solicitar la disminución del castigo.