Bill Clinton silenció las voces tipo Pro-Vida en la arena internacional, pero ahora la situación está cambiando. La declaración de Diane Knippers, del Instituto para la Religión y la Democracia (IRD) refleja el sentir del renovado conservadurismo estadounidense que, fortalecido con la llegada de George W. Bush a la Presidencia, trabaja por incidir sobre la agenda internacional en materia de políticas de salud. En México, las organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas con la planificación familiar han visto reducido drásticamente el monto de sus recursos. A decir de ellos mismos, a la preocupación por conseguir financiamiento público y privado se agrega ahora la de mantenerse alerta ante la posibilidad de que los grupos ultraconservadores de nuestro país se fortalezcan con los logros de sus similares en Estados Unidos. Ante este escenario, las fundaciones privadas de grandes corporaciones mundiales se consolidan, más que nunca, como los mecenas contemporáneos de la salud sexual en todo el mundo.

El 22 de enero de 2001, en su primer día de trabajo en el cargo que coincidió con el 28 aniversario de la fecha en que la Suprema Corte de Estados Unidos estableció el derecho de las mujeres al aborto, George W. Bush reactivó las restricciones impuestas por Ronald Reagan en 1994, con la Regla de Obstrucción Global, rebautizada por las ONG como Regla de Mordaza Global. Estas disposiciones prohíben a Estados Unidos prestar asistencia de planificación familiar a ONG que utilicen fondos de cualquier otra fuente para realizar abortos, a aquellas que proporcionan orientación médica y asesoría sobre este tema e, incluso, a las organizaciones que realicen acciones de cabildeo en sus países, para legalizar o flexibilizar la penalización sobre el aborto. Las únicas excepciones contempladas son en caso de riesgo mortal para la mujer, violación o incesto.

Integrantes del Centro Legal de Derechos Reproductivos y Políticas Públicas han declarado que el hecho de que una de las primeras acciones de Bush, como presidente, se refiera al aborto debe interpretarse como ?una concesión del nuevo mandatario a los grupos conservadores de tendencia más radical?, como el Consejo de Investigación Familiar que encabeza Ken Connor identificado con la derecha cristiana y que llevó al gobernador de Texas al poder.

Según una nota de la Agencia ACI-Digital, Bush "parece estar dispuesto a cambiar radicalmente la voz de Estados Unidos, en las citas internacionales organizadas por la ONU". La administración Bush envió recientemente a un representante del pro-familia National Law Center (NLC) a la Conferencia de la ONU sobre los Derechos de los Niños. El presidente del NLC, Bruce Taylor, declaró entonces que "con la nueva administración, esperamos ver cambios legales y más representantes pro-familia en las comisiones de la ONU, el comercio internacional y otros grupos de trabajo". Asimismo, el pasado mes de mayo, los grupos antiabortistas obtuvieron otra victoria con la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley de Víctimas No Nacidas de la Violencia.

En la óptica del Centro Legal de Derechos Reproductivos y Políticas Públicas que en junio pasado perdió ante una corte de Nueva York una demanda contra Bush, por violar la libertad de expresión "la Regla de Obstrucción Global obliga a las organizaciones de atención a la salud a tomar una opción inmoral: o renunciar a fondos que son necesarios para desarrollar sus planes de planificación familiar y otros servicios de salud reproductiva, o renunciar a su derecho a la libertad de expresión y a la posibilidad de proporcionar a las pacientes información médica completa y rigurosa".

Entrevistadas por EL UNIVERSAL, organizaciones como Mexfam, Católicas por el Derecho a Decidir, el Population Council y Explora calificaron la decisión de Bush como un "retroceso" para los derechos universales de las mujeres, y explicaron que aunque esta medida no tendrá un impacto tan directo en nuestro país, sí "fortalece a los grupos ultra conservadores, los cuales han incrementado su presencia hacia la opinión pública y el gobierno".

Crecimiento demográfico en México, fuera de la agenda bilateral

La razón por la cual la Regla de Obstrucción Global o ley mordaza no repercute de forma contundente sobre los recursos de las ONG que operan en México, se debe a que desde 1997 la USAID decidió suspender paulatinamente los fondos destinados a la planificación familiar, hasta cancelar definitivamente el programa en 1999. Por medio de su Agencia para el Desarrollo, entre 1992 y 1997 el gobierno de Estados Unidos proporcionó financiamiento a nuestro país, para apoyar proyectos de planificación familiar. Los recursos se canalizaron en 70 por ciento hacia dependencias públicas responsables de la salud como el IMSS, el ISSSTE y Conapo, y su distribución se realizó con el apoyo de ONG nacionales y extranjeras, vinculadas con la salud reproductiva, a través de un memorando de entendimiento. En el sector privado, las dos principales organizaciones apoyadas fueron la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) y Femap. Los organismos participantes en el programa eran el Population Council, John Snow, Inc., Desarrollo e Investigación en Anticoncepción, The Futures Group, el Instituto de la Salud Reproductiva de la Universidad de Georgetown, Pathfinder International, la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF, por sus siglas en inglés), el Programa para la Capacitación Internacional en Salud y Salud Familiar Internacional.

Esperanza Delgado, quien fuera responsable de operar el proyecto a través de la organización Pathfinder, explicó que entre las acciones que se emprendieron, con los recursos proporcionados por USAID, figuran capacitación del personal médico en la prescripción de anticonceptivos, talleres orientados hacia adolescentes, hombres y población indígena; brigadas móviles con doctores y enfermeras; y la garantía de abasto suficiente de anticonceptivos, principalmente hacia las poblaciones indígenas, rurales y suburbanas en los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, estado de México, Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

El financiamiento arrojó resultados rápidamente. Entre 1992 y 1995 la utilización de anticonceptivos se incrementó en 8.3 por ciento y la tasa de fecundidad decreció de 3.5 a 3.1 por ciento en ese mismo periodo, y a 1.89 en 1997. A partir de ese año, los recursos disminuyeron a 17 millones 800 mil dólares, de los cuales 13 millones se destinaron para planificación familiar.

El informe de ese año todavía consideraba el apoyo a "la estabilización del crecimiento poblacional, la protección del medio ambiente, el crecimiento económico y la reforma al sistema de justicia". Para 1998, la cifra cayó drásticamente a 3 millones y para 1999 la agencia decidió "concluir su programa de planificación familiar", por lo que de los 8 millones 977 mil dólares otorgados en asistencia para el desarrollo a México, sólo 450 mil se destinaron a salud pública, enfocándose únicamente a la prevención del VIH-sida.

La lucha por los recursos

En otras regiones del mundo, principalmente en países subdesarrollados, la ley mordaza ha afectado severamente la labor de las ONG, las cuales han estudiado a fondo las restricciones para encontrar espacios de maniobra. Dentro de las actividades permitidas se encuentran siempre que las leyes locales lo permitan realizar abortos o proporcionar referencias y asistencia médica, sólo en casos de violación e incesto; efectuar actividades dirigidas únicamente a la atención postaborto y proporcionar anticoncepción de emergencia. A pesar de ello, una de las organizaciones que más se ha visto afectada es el Population Council, la cual opera en varios países y cuyo financiamiento se integra en 51 por ciento con recursos del gobierno de Estados Unidos. En México, el Population Council se estableció desde 1979. Los programas que lleva a cabo en nuestro país Salud Reproductiva (RH), Fronteras en Salud Reproductiva (Frontiers) y Horizontes y Género, Familia y Desarrollo (GFD) son los más importantes de toda la región en esta materia. A decir de Tony Martin, oficial de comunicación del programa Fronteras del Population Council, el trabajo en México se ha tenido que apoyar en gran medida con recursos privados, ya que, aunado a la cancelación de recursos de USAID, nuestro país dejó de recibir importantes cantidades, luego de su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), pues oficialmente dejó de ser considerado en los programas de atención al subdesarrollo.

Los nuevos mecenas de la salud reproductiva

Con la suspensión del programa de USAID en México, muchas ONG tanto nacionales como extranjeras, que operaban en nuestro país, quedaron en el desamparo. Tras la salida de Pathfinder de nuestro país, Esperanza Delgado fundó una nueva organización denominada Explora, cuyo objetivo es apoyar a las ONG vinculadas a la salud sexual y reproductiva, en México, Centroamérica y el Caribe, a gestionar financiamiento para sus proyectos. Delgado explica que la lucha por los recursos es difícil y complicada para las ONG, especialmente para aquellas que por su reducido tamaño y falta de infraestructura no pueden cumplir con todos los requerimientos, para tener acceso al financiamiento gubernamental y privado. Las alternativas de obtención de recursos incluyen a la Unión Europea, Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo. Si bien el patrocinio de fundaciones privadas no es novedad en el financiamiento a ONG, el dato curioso son las grandes corporaciones vinculadas con la informática y el desarrollo tecnológico, que se han sumado recientemente a la donación de fondos. Según un estudio publicado en agosto del 2000, por el Life Research Institute y retomado por la agencia católica de información Zenit, las fundaciones privadas destinaron un total de 128 millones y medio de dólares a la planificación familiar. Estos fondos se dividían en 66.2 millones de dólares para programas dentro de Estados Unidos y 2.3 millones, para el extranjero.

La nota de Zenit, difundida el 30 de noviembre pasado por la agencia NotieSe, señala que "entre las instituciones que más financian la planificación familiar están la Ford Foundation. Según su informe sobre subvenciones para el año 2000, un total de 88.5 millones de dólares se asignaron al apartado de desarrollo humano y salud reproductiva. En 1999, la Fundación Ford otorgó recursos a filiales de católicos por el derecho a decidir en Uruguay, Brasil y México, por un total de casi un millón de dólares. Otra de las instituciones que más recursos han aportado es el Alan Guttmacher Institute, la rama de investigación del Planned Parenthood, que recibió una subvención de 1.5 millones de dólares para trabajos sobre salud reproductiva y sexual en adolescentes. Por su parte, desde 1992 hasta 1998, la Fundación Rockefeller destinó 75 millones de dólares a grupos de investigación y organizaciones privadas para el desarrollo de anticonceptivos. Asimismo, la Andrew W. Mellon Foundation donó, en 1999, 13.3 millones de dólares en este rubro y 25.5 millones el año siguiente. La fundación Ted Turner, padre de la cadena CNN, otorgó en 1999 casi 3.3 millones de dólares a la Liga de Acción Nacional por el Aborto y los Derechos Reproductivos (NARAL, por sus siglas en inglés).

Entre 1998 y 2000, la Packard Foundation concedió un total de 253.4 millones de dólares para programas de población. Entre las subvenciones del año pasado se incluyen 2 millones de dólares durante tres años para católicos, por el derecho a decidir para sus actividades en Latinoamérica, con más de 655 mil dólares para su filial mexicana. A la Fundación NARAL se le concedieron 10 millones de dólares y la National Abortion Federation recibió 1.2 millones de dólares. Según un comunicado de prensa de la Fundación Packard, emitido el 22 de octubre, el Programa de Población concedió para el tercer cuarto del 2001 un total de 21 millones de dólares. La Fundación Hewlett donó 28.3 millones en 1999, en tanto que la organización creada por el fundador de Microsoft, la Bill and MelindaGates Foundation, otorgó ese mismo año 5 millones de dólares a la Planned Parenthood Foundation of America y otros 4.6 millones que se destinaron a las actividades de la IPPF. En México, Mexfam, organización afiliada a la IPPF, se vio afectada en su momento por la conclusión del programa de población de USAID en nuestro país. Actualmente, la institución desarrolla actividades especializadas en difundir la práctica de la regulación voluntaria de la fecundidad entre la población de menores ingresos, los jóvenes y los varones en 28 estados de la República con fondos mayoritariamente privados.

A pesar del apoyo del sector privado, los recursos destinados a planificación familiar en México son insuficientes. En espera de recibir el beneplácito del gobierno para apoyar algunos de sus proyectos, algunos de los entrevistados expresaron puntos de vista críticos, pidiendo en todos los casos que se omitieran sus nombres. En su opinión, la reducción de recursos no es la causa primordial por la que los programas de planificación familiar hayan sufrido una desaceleración, sino que a ésta se agrega la falta de interés que ha mostrado el actual gobierno panista por promover la salud sexual y reproductiva.

Coincidieron también en que la presente administración han recibido mayores presiones que en otros sexenios, por parte de grupos ultraconservadores, por lo que se debe estar alerta para impedir que influyan sobre las políticas públicas.