Estados Unidos urgió al gobierno de México a "hacer una completa investigación" sobre el asesinato de la activista de derechos humanos Digna Ochoa, para encausar judicialmente a los responsables, llamado al que se sumó Human Rights Watch (HRW).

La Procuraduría General de la República (PGR) condenó el asesinato de la abogada, y se manifestó dispuesta a cooperar en la investigación del homicidio si la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal así se lo solicita.

El asesinato de la activista también fue reprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Una vez más, nosotros públicamente condenamos lo que fue un deplorable asesinato", declaró en rueda de prensa Phil Reeker, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos.

"La señora Ochoa era conocida y laureada en el mundo por su dedicación a la defensa de los derechos humanos, dedicación que regularmente la ponía en un riesgo personal considerable", declaró Reeker.

La organización no gubernamental Human Rights Watch solicitó a las autoridades del gobierno mexicano a hacer una "investigación independiente", para encontrar a los responsables del asesinato de Ochoa y llevarlos ante la justicia.

"Ésta es una gran pérdida para la comunidad de los derechos humanos... Digna Ochoa era una valiente abogada que ayudó a preparar el terreno para usar el sistema judicial, en la promoción de los derechos humanos", indicó Human Rights. "El asesinato de Digna Ochoa ofende a toda la comunidad interamericana", sostuvo por su parte el secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Santiago Cantón.

"Seguiré muy de cerca la investigación de estos gravísimos hechos, por las autoridades de dicho país", anticipó Claudio Grossman, relator a cargo de México de la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas en Human Rights Watch, se quejó de que las autoridades mexicanas nunca hicieron caso ni investigaron a fondo las amenazas que recibió Ochoa y varios de sus colegas en el pasado.

Vivanco indicó que, durante el sexenio del ex presidente Ernesto Zedillo, pasaron desapercibidas las denuncias de intimidación a los activistas defensores de los derechos humanos, sobre todo de las poblaciones indígenas.

El procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, coincidió en señalar que fue la anterior administración la que decidió cerrar el caso sobre las amenazas de muerte contra Ochoa.

"Condeno de una manera plena este acto. Éste no es más que una muestra más de algo que tiene que quedar fuera del contexto, de la forma en cómo queremos que los derechos humanos sean respetados en México.

La información que yo tengo es que este asunto fue cerrado desde el año próximo pasado; no tengo conocimiento de que haya estado abierta una investigación y fue en noviembre del año pasado, cuando quedó cerrado, así que ésta fue una decisión de la otra administración.

No obstante, el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" señala que el caso fue cerrado en marzo de este año, ya durante la administración del presidente. Asimismo, la propia ONG ha señalado su desacuerdo en que la PGR se involucre en la investigación del homicidio de Digna Ochoa.

Ochoa era una de las activistas más conocidas en México, sobre todo por la defensa que hizo de los derechos de los miembros del rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que fueron arrestados durante el gobierno de Zedillo.

También se destacó por las denuncias públicas de abusos cometidos por el gobierno del estado de Guerrero contra los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Carrera, encarcelados por su presunta participación en el narcotráfico.

Digna Ochoa era muy conocida en Estados Unidos, donde vivió varios meses, luego de recibir amenazas de muerte y haber sido asaltada en su domicilio.