Dos funcionarios bancarios, uno de ellos el secretario adjunto jurídico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Eugenio González Sierra, y el otro, León Alberto Schietekat Ballesteros, director de Investigaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), fueron arraigados 90 días por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, cohecho, peculado y "lavado" de dinero.

González Sierra y Schietekat Ballesteros permanecieron sujetos a investigación desde el jueves pasado, cuando fueron detenidos, pero el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales, Antonio Legorreta Seguro, decretó el arraigo en contra de ambos funcionarios bancarios, a quienes desde tiempo atrás la UEDO venía siguiendo por las denuncias hechas en su contra.

La PGR indicó que en el caso de los dos funcionarios bancarios se buscó el arraigo para integrar y aportar todos los elementos de prueba a la averiguación previa que está en curso contra ambos acusados.

Ambos funcionarios bancarios están acusados por la UEDO de efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto de extorsiones a deudores del Banco del Atlántico. Incluso se tiene comprobado que González Sierra abrió una cuenta bancaria en el principado francés de Andorra "uno de los paraísos fiscales" por un millón de dólares.

Las investigaciones de las autoridades federales por este caso prosiguen, a fin de determinar si en el caso se encuentran involucrados otros funcionarios, tanto del IPAB como del Bancomext. Por ello, en los próximos días serán citados a declarar por el Ministerio Público Federal varios funcionarios de ambas instituciones.

González Sierra y Schietekat Ballesteros permanecieron sujetos a investigación desde el jueves pasado, cuando fueron detenidos, pero ayer el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales, Antonio Legorreta Seguro, decretó el arraigo en contra de ambos funcionarios bancarios, a quienes desde tiempo atrás la UEDO venía siguiendo por las denuncias hechas en su contra.

La Procuraduría General de la República indicó que en el caso de los dos funcionarios bancarios, se buscó el arraigo para integrar y aportar todos los elementos de prueba a la averiguación previa que está en curso contra ambos acusados.

Al funcionario del IPAB

En el caso de Eugenio González Sierra, quien fue designado el 29 de diciembre del 2000 por la Junta de Gobierno del IPAB, a propuesta del secretario ejecutivo Julio César Méndez, la UEDO detectó que abrió una cuenta bancaria en el principado francés de Andorra, para triangular fondos que supuestamente habría obtenido ilícitamente al extorsionar a deudores de Banco del Atlántico que intentaban reestructurar sus débitos.

A ese funcionario del nstituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) le fueron encontrados depósitos por un millón de dólares en una cuenta bancaria abierta en el paraíso fiscal de Andorra, ubicado entre Francia y España.

Al respecto, la PGR destacó que los dos funcionarios bancarios se confabularon para realizar diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de transferencias del territorio nacional al extranjero y a la inversa, con conocimiento de estas circunstancias y con la finalidad de ocultar su origen.

Eugenio González Sierra es abogado por la Universidad Iberoamericana, cursó un posgrado en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho e impartió cátedra de finanzas internacionales y derecho bancario y bursátil.

Sustituyó en el cargo a Paulo Díez Gargari y previo a su nombramiento como secretario adjunto jurídico, González Sierra se desempeñó en los sectores público y privado: fue director ejecutivo jurídico del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y también se desempeñó como abogado asociado en un despacho en Nueva York.

Promotor de los vocales del IPAB, quienes son investigadores por la Contraloría por su presunto conflicto de interés al defender a empresarios y a bancos en contra de las autoridades financieras, González Sierra se aprovechaba supuestamente de su cargo como secretario adjunto jurídico para ofrecer reestructuraciones a deudores. Por ejemplo, ofrecía que sólo pagaran entre 30 por ciento y el 40 por ciento de capital sobre la deuda total y a cambio le deberían entregar dinero para que el IPAB no procediera legalmente en su contra.

Se deslinda el IPAB

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se deslindó de los actos ilegales presuntamente cometidos por Eugenio González Sierra, secretario adjunto jurídico de este organismo.

En un comunicado, la institución a cargo de Julio César Méndez lamentó el hecho y manifestó su total disposición a colaborar con las autoridades judiciales para "llegar a un completo deslinde de responsabilidades".

Afirmó que luego de que se detectaron los ilícitos, "el IPAB se siente agraviado", por lo que exhortó a la PGR para que dentro del marco del Estado de derecho, realice las investigaciones correspondientes que conduzcan a la aplicación de las sanciones que imponga la ley.

El Instituto refrendó su compromiso de apego a la legalidad, así como a la transparencia en la realización de las tareas que tiene encomendadas por ley.

Cabe recordar que González Sierra fue contratado como abogado interno del IPAB y fue el representante jurídico del Instituto durante la operación de compra-venta de Bancrecer.

Desde septiembre del 2000 ocupó la Secretaría Adjunta Jurídica del IPAB.

Bancomext guarda silencio

El Bancomext guardó silencio sobre el caso de Schietekat Ballesteros, quien en su directorio aparece como director de Inversiones Institucionales, aunque la PGR dio su cargo como el de director de Investigaciones de la citada institución bancaria.