Desde hace más de ocho años el hasta hace 14 días prófugo ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ernesto Díaz Infante, fue ubicado en San Antonio, Texas, según el oficio IPM/251/93 que dirigió la InterpolMéxico a las autoridades de la embajada de Estados Unidos en México.

Inexplicablemente, la Procuraduría General de la República (PGR) y autoridades de Estados Unidos dejaron de lado la búsqueda del ex ministro hasta el pasado primero de junio, cuando pidió declarar prescritos o extinguidos los delitos de cohecho y contra la administración de justicia que hay en su contra.

Los cargos que se imputan a Díaz Infante provienen de hechos ocurridos en el imponente edificio de la SCJN el 2 de diciembre de 1988, cuando en el despacho del entonces ministro se colocó sobre su escritorio un portafolio, color miel, con 500 mil dólares en efectivo.

Era, según la PGR, el soborno que le pagó personalmente el abogado Enrique Fuentes León, por interceder en el amparo que liberó ilegalmente a Alejandro Braun Díaz, "El Chacal de Acapulco".

Pasaron cerca de 13 años desde aquel momento, pero desde hace 14 días el ex ministro Díaz Infante se encuentra ya preso en el Reclusorio Norte y sujeto a juicio penal por su presunta responsabilidad en los cargos antes mencionados, según el expediente 110/2001.

Al filo de las 21:30 horas del 19 de junio pasado, se le arrestó en San Antonio, Texas, la misma ciudad donde lo ubicó desde el 14 de junio de 1993 el comandante Carlos Santibáñez Ramos, e informó a las autoridades de Estados Unidos que el prófugo Díaz Infante se encontraba allí, según el oficio IPM/251/93 y en el cual se pedía la localización en esa ciudad estadounidense del ex ministro para su extradición.

Transcurrieron más de ocho años para que se le detuviera en esa ciudad de la Unión Americana, donde vivió sin esconderse e incluso compró el 19 de agosto de 1994 una residencia ubicada en el número 5826 de la calle de Archwood, a través de la empresa de bienes raíces Aéreo Sport Inc, que le manejó los pagos de diferentes servicios desde el primero de septiembre de 1994, según consta en el expediente del caso.

La pista para la captura de Díaz Infante supuestamente se dio luego de que el primero de junio pasado solicitara ante la juez federal, Miriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, la anulación de la orden de aprehensión en su contra por presuntamente haber prescrito los delitos que se le imputaban.

Habían pasado más de ocho años, por lo cual se extingía la acción penal en contra del ex ministro, señaló su defensa en un escrito a la juez. Los movimientos judiciales del ex funcionario reactivaron su búsqueda y se supo que se encontraba en San Antonio, Texas, donde años antes se detuvo a su coacusado, Enrique Fuentes León.

Al momento de su arresto por los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), Dwigth P. Jones y Jerry Reyes, en su domicilio de la citada ciudad texana, Díaz Infante no opuso ninguna resistencia "cuando fue encarado", y de inmediato pidió regresar voluntariamente a México, según el reporte de la orden de arresto A78512500 del SIN.

"Estaba seguro de obtener la libertad inmediatamente bajo el supuesto de haber prescrito los delitos que se le imputaban", según fuentes de la PGR y que señalaron que el semblante del ex ministro durante el regreso en el avión XCCAA89 de la PGR era de tranquilidad.

Sin embargo, Rodríguez Jara le negó la libertad provisional y posteriormente declaró infundada su petición de libertad por haber presuntamente prescrito los delitos que se imputan. Los delitos no prescribieron en virtud de que el término se dobló al estar prófugo en el extranjero, indicó la juez.

La historia del soborno

En agosto de 1988, Enrique Fuentes León congregó a todos los abogados de su despacho para una junta. Se diseñaría la estrategia para obtener un amparo en favor de Alejandro Braun Díaz, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato y abuso sexual a una menor en Acapulco, Guerrero, cometido dos años antes.

En esa reunión, según las investigaciones de la PGR, participaron los pasantes y abogados Alejandro Ramírez Cardoso, Cuauhtémoc Román Camacho, Arturo Valdés Nava, Enrique Fuentes Ladrón de Guevara, Francisco Fuentes Olvera, Jorge Martín Barba, entre otros.

En ese momento, supuestamente se acordó que se debía trabajar a fondo en el amparo de Braun Díaz, para ello instruyó a varios de sus colaboradores para presentar el 31 de agosto el citado recurso, el cual quedó registrado bajo el número 198/88 en los tribunales de Chilpacingo, Guerrero.

A partir de ello, hubo una serie de encuentros personales y llamadas telefónicas entre Fuentes León y el ministro Díaz Infante. Los otros encuentros fueron entre el citado abogado y los magistrados Gilberto Arredondo Vega y Eufemio Zamudio Alemán, quienes junto con el también magistrado Juan Vilchis Sierra deberían resolver sobre el amparo a Braun Díaz.

Los encuentros y llamadas telefónicas fueron documentados por la PGR a través de dos de las secretarias del despacho de Fuentes León, Lucía Álvarez Landa y Araceli Sánchez, quienes en sus declaraciones afirmaron que a ellas les tocó enlazar a Fuentes León con el ministro o a la inversa.

A mediados de noviembre de 1988, según la declaración de un testigo, Alejandro Ramírez Cardoso, Fuentes León les dijo a varios de los miembros de su despacho que "ya tenía la recomendación del ministro Díaz Infante para que se otorgara el amparo a Braun Díaz".

"El ministro Díaz Infante tiene interés en que se resuelva positivamente el amparo", también habría dicho presuntamente a los magistrados el abogado Fuentes León, de acuerdo con las declaraciones ministeriales hechas en su momento por Arredondo Vega y Zamudio Alemán.

Los días previos a la resolución del amparo en favor de Braun Díaz fueron de gran intensidad, pero los días clave fueron los últimos de noviembre y el 2 de diciembre de 1988. Días antes de que se otorgara el amparo al llamado "Chacal de Acapulco", Fuentes León pidió a su esposa, Virginia French de Fuentes León, obtener dinero para presuntamente "pagar a los magistrados" Arredondo Vega y Zamudio Alemán 75 millones de pesos a cada uno. Además, supuestamente debía entregar 500 mil dólares al entonces ministro Díaz Infante.

Incluso, para obtener el dinero que necesitaba de manera urgente, Fuentes León habló con diversos ejecutivos de dos bancos Bancomer y Comermex, con el fin de que se le proporcionara inmediatamente un millón de dólares.

El 2 de diciembre de 1988, al filo de las 10:00 horas, Fuentes León colocó presuntamente 500 mil dólares en un portafolio de piel, color miel, y sobre el dinero puso un expediente: el proyecto de sentencia del amparo de Braun Díaz que él mismo elaboró en su despacho.

Antes del mediodía, Fuentes León recorrió los pasillos de la SCJN hasta llegar al privado del entonces ministro, Ernesto Díaz Infante. El citado abogado iba acompañado de su colaborador, Alejandro Ramírez Cardoso, quien cargaba el portafolio.

A la oficina privada de Díaz Infante sólo entró Fuentes León, quien pidió el portafolio a su ayudante. "Antes de entrar al despacho el portafolio pesaba, pero al salir ya no se sentía pesado", diría en su declaración Ramírez Cardoso.

Las investigaciones de la PGR señalan que en esa reunión Díaz Infante y Fuentes León revisaron, corrigieron y afinaron el amparo en favor de Braun Díaz, que seis días después aprobarían los magistrados Arredondo Vega y Zamudio Alemán, en contra del voto de su compañero Juan Vilchis Sierra.

El 8 de diciembre de 1988 se notificó oficialmente el resultado que ya conocía de antemano Fuentes León, "se anulaba la sentencia de 30 años de cárcel contra Braun Díaz y se ordenaba su inmediata libertad del penal de Acapulco".

Fue tal la prisa de Fuentes León para cumplir con la sentencia que llevó en avión de Chilpancingo a Acapulco al actuario del tribunal, Lucas Olvera, para que se dejara en libertad al llamado "Chacal de Acapulco".

Al conocerse en el puerto la noticia de la liberación de Braun Díaz, la gente se movilizó y protestó, pero ese mismo día "El Chacal de Acapulco" salió del país y hasta la fecha sigue prófugo.

El 12 de enero, la SCJN emitió una resolución histórica al destituir a los magistrados que dieron el amparo a "El Chacal de Acapulco", para declarar ilícito el amparo y dar parte a la PGR para investigar a los involucrados en el caso.