Secuestro y tortura no eran nuevos en el México de los 70. Según el investigador Federico Estévez entre 1970 y 1982 más de 465 personas fueron desaparecidas. Vital, abrir expedientes del gobierno.

En las primeras horas del 11 de agosto de 1976, Margarita López Portillo fue objeto de un intento de secuestro. Sus guardaespaldas, que viajaban atrás en otro auto, abrieron fuego y mataron a uno de los agresores mientras los otros tres escapaban.

El violento intento de secuestro no era nada nuevo en el México de los 70. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya con cuatro décadas en el poder combatía los ataques de unos 29 grupos de izquierda que sumaban alrededor de mil 800 revolucionarios. Pero este caso era especial. El hermano de la víctima, José López Portillo, estaba a punto de asumir la presidencia de México. Una vez en el cargo, López Portillo intensificó la ofensiva contra los grupos revolucionarios violentos, con la tentativa contra su hermana aún fresca en su memoria.

"Era una advertencia de cómo sería el futuro si el fenómeno de la guerrilla crecía", señaló López Portillo, de 81 años, en entrevista con "Newsweek".

La única mujer participante ese día, que recibió un disparo en el brazo izquierdo, se alejó del mundo. Alicia de los Ríos Merino, miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre, a veces llamaba a su familia desde casas de seguridad, siempre bajo el alias de "Susana". El 6 de enero de 1978 telefoneó a su hermana Marta: se había registrado una balacera y estaba escondida en una casa en la ciudad de México rodeada por la policía. Marta voló al día siguiente a México, donde funcionarios le dijeron que buscara a Alicia entre los cadáveres que estaban en la morgue. No se encontraba ahí.

Actualmente, su familia está convencida de que Alicia es uno de los "desaparecidos" de México: una de las personas capturadas por fuerzas de seguridad durante tiempos turbulentos, pero que nunca volvieron a ser vistas. Las cifras 465 personas desaparecidas entre 1970 y 1982 no son dramáticas si se comparan con las de Argentina o Chile. Pero, repentinamente, el caso de los desaparecidos mexicanos ha cobrado importancia en la agenda del presidente Vicente Fox.

Al asumir el poder, Fox se comprometió a examinar viejos casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pero a pesar de las crecientes presiones para que establezca una comisión de la verdad que esclarezca los secretos sucios de la nación, la decisión está lejos de ser fácil para Fox. Si el gobierno hurga en demasiados rincones oscuros, señala el analista político Federico Estévez "los daños secundarios podrían ser importantes".

Sin embargo, la explosión parece estar en camino. Sergio Aguayo, un prominente académico, es el primer personaje ajeno al sistema al que se concede acceso a los expedientes de espionaje en México en 70 años. Al revisar los informes de inteligencia de 11 desaparecidos, encontró que 10 de ellos estuvieron bajo custodia del gobierno.

De su búsqueda inicial sobresalió un resultado en particular, indica Aguayo, el mismo ex activista de izquierda radical que compartió sus hallazgos con "Newsweek". Buscaba información sobre Enrique Pérez Mora, un amigo de la niñez que se sumó a los rebeldes y luego fue asesinado, cuando se topó con la siguiente anotación, fechada el 6 de enero de 1978: "Alicia de los Ríos Merino, que está detenida por ser miembro de la Liga, dijo que fue amante del finado (Enrique Pérez Mora), con quien tuvo un hijo".

Fue el tiempo presente de la redacción ("está detenida"), lo que puso en alerta a Aguayo, profesor de El Colegio de México. "Sabía que tenía algo muy importante", señala. "Era la primer prueba documentada de que el Estado era responsable de una desaparición".

Alicia de los Ríos Merino se incorporó a la guerrilla en 1973. "Estaba contra el sistema porque había mucha pobreza, mucha injusticia", recuerda su madre, Alicia Merino Figueroa, de 84 años. "Le dije, `¿hija mía, cómo podemos luchar contra eso?` Es imposible".

Eso no la detuvo. El 23 de enero de 1976, ayudó a liberar a seis compañeros del Penal de Oblatos, en Guadalajara. Enrique Pérez Mora, arrestado y acusado de asesinato y terrorismo dos años antes, fue uno de los que escaparon. Él y Alicia se conocieron el día de la fuga, y para mayo estaba embarazada. El mes siguiente un agente de seguridad mató a Enrique, de 25 años, en una balacera.

Los padres de Alicia la visitaron en México a finales de 1976, cuando tenía casi ocho meses de embarazo. Se negó a regresar a casa. La niña nació el 6 de febrero de 1977, uniéndose a su madre y a su abuela como la tercera Alicia de la familia. Un mes más tarde Marta viajó a la ciudad de México, donde su hermana le entregó a la bebé. Un año después, Alicia desapareció.

Tres ex guerrilleros ahora libres, recuerdan haber visto a Alicia en cautiverio. El recuerdo más vívido es el de Mario Álvaro Cartagena López, que escapó de prisión junto con Enrique y luego compartió una casa con Alicia en la ciudad de México. El 5 de abril de 1978 recibió siete disparos durante un enfrentamiento con soldados y fue llevado el Campo Militar Número Uno.

"Trajeron a Alicia para identificarme", recuerda Cartagena, a quien la amputaron la pierna un día después. "Recuerdo su rostro; estaba muy delgada. Debe haber perdido 20 kilos". Sentenciado a cinco años en prisión, jamás volvió a verla.

Pero un ex doctor de la cárcel sí la vio. Juan Altamirano Pérez, quien trabajó en la prisión de Santa Marta Acatitla de 1961 a 1992, tiene motivos para recordar a Alicia. Estaba embarazada cuando llegó a la prisión, dijo Altamirano a "Newsweek", y tuvo a su bebé por medio de cesárea en junio de 1978. La bebé pasaba las noches con su madre y los días en la enfermería del presidio.

Pero dos meses después del nacimiento, recuerda Altamirano, "la niña fue entregada a unas personas que dijeron ser parientes de Alicia". Y a finales de 1978, cuando el médico llegaba a su trabajo, encontró que también Alicia ya no estaba. "Nunca regresó", indica. Altamirano contó la historia en 1992 a la entonces recientemente creada Comisión de Derechos Humanos, pero nunca fue investigada. Y hasta ahora, la familia de Alicia no sabía nada de una segunda hija.

Durante los últimos 20 años, la familia de Alicia ha intentado varias veces presentar una demanda contra el gobierno, pero se le informó que no existía evidencia de que el Estado tuviera algo que ver con su desaparición. También se reunieron más de 10 veces con funcionarios. En 1991, la comisión de derechos humanos informó a Marta que su hermana había sido liberada de una prisión militar en 1983.

El recuerdo más cercano que sus familiares tienen de Alicia es la hija que dejó a su cuidado, quien ahora dice que "estoy acostumbrada a su ausencia. Preferiría que mi madre estuviera muerta que en una prisión clandestina".

Cuando Aguayo conoció a Alicia, de 23 años, en enero, le contó sobre su viejo amigo, el padre que nunca conoció. Probablemente algún día también pueda saber más de la historia de su madre. El expediente de Alicia registra reuniones a las que asistió y destaca el ataque contra la hermana de López Portillo. Lo que es más importante: establece que fue interrogada el 11 de marzo de 1978, más de dos meses después de su desaparición.

Aguayo solicitó acceso no a los archivos de espionaje mismos, sino a un complicado sistema de tarjetas utilizado para llevar un registro de los expedientes. El archivo completo de su interrogatorio, según las tarjetas, es denominado 115H-4L. En las tarjetas se mencionan decenas de otros archivos. ¿Contienen los expedientes reales los nombres de soldados y agentes de seguridad que participaron en las desapariciones y de los jefes que dieron las órdenes?

No existen casos de comisiones de la verdad creadas en lugares con un número de víctimas tan relativamente bajo. "Tiene que analizarse el tipo de transición que tenemos aquí en México", asegura el secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien se opone a establecer dicha comisión. "Nunca sufrimos una discriminación racial como en Sudáfrica ni un régimen militar como Argentina o Chile, o regímenes como los de las naciones del este de Europa".

Otros funcionarios sostienen que el gobierno debe destapar el lado oscuro del viejo régimen a fin de reconciliarse con el pasado. Al mostrarle los archivos, el asesor de seguridad nacional, Adolfo Aguilar Zinser, dijo: "esta es una prueba tangible de que esos casos pueden ser investigados. Demuestra que los desaparecidos estaban bajo custodia de la Dirección Federal de Seguridad. Esto es en 80 por ciento de los casos".

López Portillo recuerda que una mujer embarazada participó en el ataque contra su hermana. En la entrevista con "Newsweek", habló con orgullo de haber resuelto el problema de la guerrilla otorgando amnistía a prisioneros políticos y abriendo espacios para la izquierda radical. "Traté de usar medidas legales, no policiacas", indicó. Pero las fuerzas de seguridad prosiguieron su embate contra la guerrilla, y López Portillo reconoció que es probable que en ocasiones hayan ido más allá de sus obligaciones Al mostrarle los expedientes, López Portillo indicó que fuerzas de seguridad pudieron haber estado involucradas en la desaparición de Alicia de los Ríos. "Posiblemente la lucha para controlar el movimiento (guerrillero) clandestino adquirió inercia. No es imposible que haya sucedido así". López Portillo no se opone a una comisión de la verdad, a diferencia de algunos de sus compañeros del PRI de esa época. Mario Moya Palencia, secretario de Gobernación de 1970 a 1976, dijo a "Newsweek" que "es verdaderamente absurdo revivir esos asuntos".

El próximo movimiento depende de Fox. El mandatario venció al PRI gracias en buena medida a sus promesas de cambio y necesita investigar viejos abusos de forma atrevida para conservar su popularidad. Pero Fox tiene también otras prioridades, en especial lograr la aprobación de su reforma fiscal. El Congreso pospuso su análisis hasta el otoño y Fox no ayudará a su causa emprendiendo lo que la oposición calificará de un linchamiento político.

Opositores a la comisión de la verdad como Creel no se niegan a revisar el pasado, pero preferirían que fueran los tribunales o el Congreso los encargados de hacerlo en vez de una comisión establecida por decreto presidencial.

Un obstáculo más grande para la formación de una comisión de la verdad es la elusividad de la verdad misma. Es probable que México siga el modelo chileno, donde un esfuerzo de investigación masivo arrojó informes que acusaron al gobierno de violaciones a los derechos humanos y recomendó compensaciones, pero mencionó pocos nombres y condujo a pocos procesos legales. Familias de los muertos y desaparecidos en Chile reciben actualmente cheques mensuales del gobierno.

Sin embargo, es poco probable que las promesas de inmunidad persuadan a los políticos y funcionarios de seguridad mexicanos sobrevivientes a hablar, dado que aparentemente el gobierno carece de evidencias suficientes para iniciar procesos en algunos casos. El investigador Aguayo es uno de los principales candidatos a encabezar una comisión de la verdad, pero incluso él tiene sensaciones encontradas respecto de esa tarea: "¿Debo involucrarme en hacer arreglos con torturadores?", se pregunta.

Los familiares de las víctimas al parecer no están dispuestos a intercambiar justicia por verdad. "Quiero saber qué le pasó a mi madre", señala Alicia. "Pero también necesitamos un proceso penal para castigar a los responsables". A Fox no le gustaría nada menos que eso, pero también tiene que pensar en su propia salud política. Es probable que ofrezca una solución muy mexicana: una comisión de la verdad con poderes de investigación limitados que ofrezca un recuento general del pasado sin nombrar a los culpables. Y México no será obligado a mirarse en el espejo demasiado cerca.

(c) 2001, Newsweek Inc. Todos los derechos reservados.