En sus orígenes, el juicio de amparo estuvo destinado a proteger a todos los habitantes del país contra actos inconstitucionales de las autoridades, inclusive si provenían del presidente de la República. La realidad hoy es otra.

En principio, de acuerdo con los planteamientos teóricos, bastaba a los ciudadanos afectados con presentarse ante el juez y pedirle que los defendiera. Este realizaba todos los trámites hasta terminar el procedimiento. No se necesitaban abogados. Hoy sin expertos en asuntos legales es casi imposible obtener un amparo.

El coordinador de la Comisión Constitucional y de Amparo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirma que hubo un ?estancamiento del amparo en el país?.

Explica las causas, desde su óptica: ?Tenía una enorme trascendencia. Pero el grupo de académicos que manejaba el amparo en México y que fue la doctrina dominante durante muchísimos años, no permitió que el amparo evolucionara?.

Es una de las causas por las que hoy, en la vida cotidiana, el juicio de amparo no cumple los objetivos que se plantearon en su creación.

Aunque el Estado no cobra un centavo por un proceso de juicio de amparo, ?para litigar un amparo necesitas de abogados caros, que pocos pueden pagar?, afirma Juventino Castro y Castro, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Es decir, se trata de un derecho formalmente al alcance de todos pero al que en la realidad tienen acceso sólo unos cuantos.

De acuerdo con datos aportados por juristas, algunos abogados cobran honorarios de 5 mil pesos por tramitar un recurso de amparo, aunque los especialistas en la materia cobran, por lo menos, 20 mil pesos por un caso, según cotizaciones de algunos de los despachos más conocidos.

Y si de asuntos más complicados se trata, la cifra se dispara. Ejemplo de ello es el que cita el abogado penalista y ex ministerio público federal, Francisco Rubio. ?Si es un amparo de un caso más complicado, es decir, que requiera mayor estudio el expediente, por lo menos se cobran 50 mil pesos si vas con uno de los despachos más conocidos. Pero varía mucho la cifra según el tipo de amparo que se tramite?.

Sin embargo, hay que agregar los demás gastos que se tienen que hacer al momento de que se otorga el amparo, como la garantía o depósito que imponen los juzgadores, uno de los requisitos para otorgar el beneficio constitucional que se solicitó.

Aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no tiene estadísticas sobre los amparos que se solicitan, a partir de datos que aporta se hacen las siguientes estimaciones: La mayoría de los juicios de amparo se inicia en materia penal, contra actos de la Procuraduría General de la República, y contra resoluciones de jueces, federales o del fuero común: órdenes de aprehensión, autos de formal prisión o sentencias de primera instancia.

En el país hay 25 circuitos judiciales. Por ejemplo, en el vigésimo cuarto, en Nayarit, según información del CJF, se tramitan en promedio mil asuntos de amparo por año. El 70 por ciento consiste en revisiones contra jueces; 10 por ciento se refiere a la materia agraria. Y el restante se distribuye en materia laboral y civil.

Uno de los tres ministros que votó contra el anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses), Castro y Castro sostiene que ?también el acceso a la justicia ordinaria en nuestro país está perfectamente mal estructurado?.

Acota que el problema se agrava fuera de las urbes. En la ciudad de México, dice con sarcasmo, ?tienes todos los abogados caros que quieras. Pero en la sierra de Chihuahua, en la Tarahumara, con qué se comen los abogados?.

La defensoría de oficio, que debiera asistir a la sociedad también en demandas de amparo, ?es un fracaso, porque los defensores de oficio son malos abogados, poco dedicados a ello, mal pagados. Es mediocre la defensoría de oficio?, sentencia Juventino Castro.

El ?cáncer de México, la corrupción?, está presente, revela el también autor del libro, ?La suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo?.

?Los mismos interesados van y le dicen a un abogado: ?quiero que me haga un juicio contra esto, y en el juzgado que quiera estoy dispuesto a pagarle al juez lo que sea?. Entonces quiénes son los que ofrecen esas porquerías, los litigantes, los abogados. Pero el otro cae, los dos son culpables?.

Negocio de abogados

Un amparo puede costar 5 mil pesos de honorarios para el abogado, si se trata de la acusación de un delito considerado como no grave (por ejemplo, el robo simple o lesiones no dolosas). Esta cantidad es la que suelen cobrar los defensores que buscan a sus clientes en los alrededores de los ministerios públicos o los juzgados, a quienes según la jerga de la abogacía se conoce como ?coyotes?.

El costo es variable cuando se trata de interponer un juicio de amparo directo. Es decir, contra una sentencia ratificada en segunda instancia. Este es el procedimiento mediante el cual la defensa de Raúl Salinas pretende liberar a su cliente de ?Almoloyita?. Entre los abogados consultados se especula que este proceso podría costar más de un millón de dólares.

Cuando se trata de procedimientos de amparo en materia laboral, fiscal o agraria, es imposible estimar el costo en términos generales. En estos casos el precio es muy particular, dependiendo del tipo de amparo que se vaya a pedir y de la cantidad que estén tratando de recuperar o de conservar.

De acuerdo con el abogado Luis de la Torre, especialista en materia fiscal y titulado con una tesis sobre el juicio de amparo, lo más recurrente son dos tipos de contratos.

En uno de los casos, explica, se acuerda que al final del procedimiento, si se gana el juicio, se entrega al abogado un porcentaje del dinero o valor del bien recuperado. ?Hay abogados que no cobran honorarios mensuales en este tipo de procesos?.

Sin embargo, comenta el litigante del bufete Cuevas y Villarreal, otros abogados, a sabiendas de que son juicios que pueden prolongarse hasta tres, cuatro o cinco años, establecen una mensualidad y negocian una parte del monto recuperado al final del procedimiento. ?El porcentaje varía, puede ser de entre 20 y 40 por ciento . Es según el acuerdo?, agrega De la Torre.

En materia laboral, lo más común es que los defensores establezcan una suma al comienzo del juicio y sólo cobren su porcentaje en caso de ganar. ?Son quienes más se arriesgan, porque si pierden resultará que trabajaron por nada?.

Retroceso del amparo

Zaldívar Lelo de Larrea, quien fue coordinador de asesores de José Antonio González Fernández, cuando éste presidió la Procuraduría de Justicia capitalina, retoma lo que sucedió en esa transformación de la institución del amparo en México.

?Se hizo un juicio muy técnico, sólo para conocedores, que no evolucionó, mientras el Estado y la sociedad cambiaban. En otras partes del mundo mejoraban sus instrumentos de defensa de la Constitución y en México se fue quedando rezagado?, agrega Arturo Zaldívar.

Con todo, Zaldívar Lelo de Larrea explica que, de cuatro años a la fecha, con la nueva composición de la SCJN, el rezago ha disminuido.

Uno de los avances, explica, es que el amparo ahora procede contra organismos descentralizados, como pudieran ser Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, por citar dos ejemplos.

?Los Divinos?

En este sexenio, varios presuntos delincuentes han logrado enfrentar procesos penales fuera de prisión tras obtener suspensiones provisionales y hasta definitivas contra órdenes de aprehensión en su contra. Ello provocó varios escándalos nacionales.

Arturo Zaldívar opina que ?el problema de que muchos delincuentes estuvieran en la calle gracias a las suspensiones no es culpa del amparo. Es responsabilidad de los órganos de procuración de justicia que no conocen el juicio de amparo y no han sabido alegar e impugnar aquellas resoluciones en que indebidamente han otorgado suspensiones?.

En este mismo tenor define su posición el abogado José Carlos Guerra Aguilera, miembro del Instituto Mexicano del Amparo: ?El Ministerio Público debería tener gente más avezada y si así fuera no habría tantos ?Divinos? en la calle. Los abogados que conocen técnicamente algunos defectos que por lo regular tienen las averiguaciones previas (o acusaciones), las echan abajo de inmediato?.

Amén de los obstáculos ya citados que se enfrentan en los procesos de amparo, Carlos Guerra menciona otro. ?Estamos en el reinado de la improcedencia del amparo. Casi 90 por ciento de los juicios demandados terminan en la improcedibilidad o se sobreseen?. Es decir, el juez los revisa y los desecha sin analizarlos a fondo, porque no se cumplieron los requisitos establecidos en la ley para que los aceptara.

Otro de los problemas que se observa en el caso del amparo, es el incumplimiento de las sentencias. Es decir, que al término de un juicio de esta naturaleza, un juez ordena a una autoridad reparar el daño que causó y ésta no lo cumple.

Esta parte del juicio ?está impregnada de una enorme carga política?, de acuerdo con Luis de la Torre.

Cita un caso en que un director de una secretaría no cumplió una sentencia y nada pasó. ?Imagínese si se tratara de un secretario de Estado, presidente municipal etcétera?.

El IMSS del amparo

En vista del fracaso que observa en la defensoría de oficio y en la accesibilidad a la justicia en el país, el ministro de la Corte, Juventino Castro propone la creación de un instituto nacional de justicia.

?Para mejorar la administración de justicia en México tiene que ser forzosamente mediante un cuerpo que tenga las mismas dimensiones y características del Seguro Social, guardando las proporciones?.

Y es que, además, la falta de recursos entre los habitantes del país es otro problema.

De acuerdo con el informe preliminar del tercer trimestre de 1999 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en las zonas urbanas del país 79.2 por ciento de la población tiene ingresos inferiores a cinco salarios mínimos. El salario mínimo mensual es de mil 48 pesos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza que todos los mexicanos tengan derecho a la salud, que tengan establecimientos, médicos y medicinas. Castro y Castro dice que ?tiene que ser igualito en la justicia. Debe haber un cuerpo que proporcione asesoría, ilustración, en algunos casos comienzo de juicios en sí, gratuito, y en otros no llegaría hasta eso.

?Pero si hemos logrado hacer la seguridad social en salud, porqué no podremos hacerlo en justicia. El gobierno tiene que perder dinero a fuerzas?, puntualiza Castro y Castro.