Las pruebas recabadas hasta el momento por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) demuestran que el ex magistrado Nicandro Martínez López, destituido de su cargo por probables anomalías en el proceso en que fue liberado el presunto narcotraficante Adán Amezcua, incurrió en corrupción.

Fuentes judiciales apuntaron que las investigaciones en contra del ex magistrado continúan por parte del Consejo de la Judicatura y confiaron en que en un mes más integrarían el expediente correspondiente para dar vista a la Procuraduría General de la República (PGR) y se integre la averiguación previa.

Puntualizaron que será la PGR la que determine si se ejercita acción penal en contra de Martínez López por actos de corrupción.

El miércoles pasado, el Consejo aplicó sanciones administrativas al ex magistrado del Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, por lo que fue destituido del cargo e inhabilitado por 10 años para ocupar cualquier empleo en el servicio público.

Hasta el momento, subrayaron, sólo hay indicios de que Martínez López incurrió en actos de corrupción.

El Consejo de la Judicatura consideró que el ex magistrado no tomó en cuenta todos los elementos legales previstos en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, al momento de resolver el auto de libertad del presunto narcotraficante Amezcua Contreras, conocido como el "rey" de las anfetaminas.

El ahora ex magistrado, quien estuvo suspendido en su cargo por cuatro meses por el Consejo, en lo que éste investigaba la queja de carácter administrativo presentada en su contra por la PGR, declaró hace un mes que "nunca ha recibido sobornos de nadie al momento de dictar una sentencia" y que durante los 20 años que lleva en el Poder Judicial su carrera ha sido "intachable".

También negó poseer más propiedades que una casa en Guadalajara y un inmueble en Morelia, cuyas hipotecas aún no termina de pagar.

A través de su representante legal, Martínez López declaró en ese entonces que el 11 de noviembre de 1994 su suegro, Antonio Sotelo Guido, le donó un terreno.

Según se relata, el suegro adquirió el predio en 507 mil pesos en abril de 1978, según consta en la escritura pública 10998, la cual exhibe junto a la escritura 4080, donde se certifica la cesión "simple y gratuita" de Sotelo Guido a su yerno.

La casa que desde 1993 habita el magistrado en la ciudad de Guadalajara está construida sobre un terreno de 298 metros cuadrados, que éste compró con un crédito hipotecario el 16 de febrero de 1990, por el cual pagó 22 mil 277 pesos, de acuerdo con la escritura 50333.

Sobre Nelson Pedraza Palomina, su concuño y a quien se le señala como su prestanombres, dijo en su momento que jamás ha realizado ninguna transacción comercial.

Dijo que "no tiene nada que temer" y por ello continúa viviendo en Guadalajara y dando clases en la Universidad Autónoma de esa ciudad.