Por su posible complicidad en las explosiones ocurridas en la ciudad de Celaya, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó penalmente a tres ex funcionarios más y a dos particulares.

Con estas órdenes de aprehensión suman ya 13 los presuntos involucrados en la detonación de alrededor de 3.5 toneladas de artificios pirotécnicos, sucedida en locales aledaños a la Central Camionera y el mercado El Dorado, de esa ciudad.

La PGR continua las investigaciones en torno de la introducción ilegal al país de material explosivo y no se descarta la participación de funcionarios de las aduanas.

Estas explosiones provocaron la muerte, hasta la fecha, de 63 personas. Un total de 330 pobladores resultaron heridos, todavía 24 permanecen hospitalizados.

En un cuarto informe dado a conocer ayer por la PGR, se establece que en la ciudad de Salamanca se localizó una tonelada 191 kilos 940 gramos de artificios pirotécnicos. Cifra que se suma a las 14 toneladas que desde el principio se decomisaron en el estado de Guanajuato.

En los peritajes elaborados por la PGR se concluyó que se registró una primer explosión en el interior una tienda denominada Abarrotera Celaya, "en la que se almacenaba en forma inadecuada una gran cantidad de artificios pirotécnicos". Cuando las autoridades realizaban las maniobras de rescate, se presentó una segunda explosión "de fuerte magnitud", pues estallaron más artificios almacenados en el negocio Depósito de Fábrica de Pañales. "Esta detonación fue provocada por los materiales en estado incandescente, calor y humos generados durante la primera explosión. Segundos después se registró una tercer explosión de menor intensidad", señaló la PGR. Por tratarse de delitos federales, la PGR se hizo cargo de las investigaciones y solicitó 23 órdenes de cateo en lugares en los que se presumía la existencia de materiales explosivos. La institución ha asegurado bienes inmuebles en el estado, propiedad de Esteban Ignacio Ojeda Ruiz, dueño del local comercial en el que se produjo la primer explosión y quien al parecer falleció ahí.

Los acusados

Ante el juez quinto de distrito, la PGR ha acusado penalmente a 13 personas, seis de ellas servidores públicos y el resto particulares.

Uno de los nuevos acusados es Antonio Amezcua Morales, ex director de Fiscalización del municipio de Celaya, quien permanece prófugo.

También fueron consignados Francisco Villalobos Zamudio, quien antes de ser detenido fungía como director de Fiscalización del municipio, y Javier Regalado Medina, subdirector de esa misma área. Ambos permanecían bajo arraigo domiciliario y ya ingresaron al penal.

A los tres se les acusa de almacenamiento de material explosivo (artificios pirotécnicos) sin contar con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN).

Los particulares que fueron detenidos son: Arturo Álvarez Vargas y Angélica o Angelina Vargas Bocanegra, también acusados de almacenar material explosivo sin contar con el permiso de la SDN.