Con la llegada del gobierno de Vicente Fox Quesada, las relaciones entre la Iglesia y el Estado se modificarán, según prevén tres especialistas, quienes advirtieron que tales cambios no implicarán necesariamente un reordenamiento en las leyes a pesar de las promesas de campaña del virtual presidente electo.

Después de más de 70 años de que sólo gobernantes del PRI mantuvieran relaciones, primero tras bambalinas y después de manera más abierta con las organizaciones religiosas, pudiera esperarse que Fox Quesada ofrezca una administración en la cual la Iglesia católica, principalmente, tuviera alguna ventaja sobre las demás.

Los investigadores no lo consideran así, aunque sí esperan que la libertad religiosa se manifieste de manera más amplia.

El debate se dará en el momento en que se quieran ?otorgar?, según algunos, o ?reconocer?, de acuerdo con otros, los derechos políticos, sociales o civiles de los integrantes de las asociaciones.

Lo cierto es que al asumir el cargo como presidente del país, el próximo primer mandatario tendrá que actuar como un hombre de Estado y no como un católico, sostuvieron los especialistas, quienes, según sus previsiones, a mediano plazo el Ejecutivo federal enfrentará distintos problemas con las asociaciones religiosas.

Anticlericales, pero católicos

Entrevistados por separado, Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México, y Bernardo Barranco, director del Centro de Estudios Religiosos en México, dijeron que ante las promesas que en campaña hiciera Fox Quesada sobre este tema, se prevé que el próximo primer mandatario poco podrá hacer para modificar la ley y favorecer la extensión de las libertades religiosas.

Además, según Blancarte ?quien también fue agregado de la embajada de México en el Vaticano? nuestro país se caracteriza por ser mayoritariamente católico, pero anticlerical, y, dijo, hay que distinguir muy bien esas dos esferas.

?Una cosa es la jerarquía católica y otra son los católicos, hay que ver la diferencia, las demandas son distintas. Hay que recordar que México es y ha sido un país muy anticlerical en cuanto a la participación de la Iglesia en la esfera pública, es muy celoso de ello.?

Lo anterior a raíz de las promesas de campaña que hiciera el representante de la Alianza por el Cambio a los grupos religiosos del país, a quienes les manifestó a través de una carta con 10 puntos: Acceso a los medios de comunicación, respeto a la vida desde el momento de la concepción, asistencia religiosa en cárceles o centros de asistencia social y equiparación de estudios eclesiásticos con estudios civiles, entre otras cosas.

Estos temas que acercan la religión a la vida civil provocan malestar en algunos grupos. Bernardo Barranco señala: ?El decálogo de Fox en la campaña despertó las más agrias sospechas por parte de un sector urbano secular ilustrado; la vieja izquierda vio con sospechas la sobreoferta del representante panista.?

En mayo pasado trascendió la carta conocida como ?decálogo?, en la que Fox Quesada puntualizó las propuestas para las asociaciones religiosas.

A decir de Manuel Gómez Granados, director del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), las organizaciones religiosas de cualquier índole no tienen por qué tener ?cercenados? sus derechos porque, refirió, los miembros de grupos religiosos no pueden considerarse más o menos que otros ciudadanos.

?Yo diría que no es arriesgado llevar a cabo esos cambios; es llevar el derecho humano fundamental de la libertad religiosa a sus últimas consecuencias. No se trata de defender los derechos de una denominación religiosa, sino de los ciudadanos.?

Por su parte, el gobierno federal, a raíz de las modificaciones a la Constitución referentes a las relaciones entre la Iglesia y el Estado manifiesta de manera firme: ?El principio de las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias es de respeto mutuo. A ellas les corresponde la responsabilidad de buscar el mejoramiento moral y espiritual de sus creyentes; al Estado garantizar la libertad, igualdad, pluralidad, tolerancia, desarrollo, solidaridad y justicia social como objetivos y valores superiores de la nación.?

Fox y las propuestas de campaña electoral

Las propuestas de Vicente Fox hay que verlas, comenta Manuel Gómez, a fondo, pues en muchos puntos lo que se hace es reconocer la extensión de lo que significa la libertad religiosa.

Gómez Granados sostiene que administrar o poseer medios de comunicación; valorar en lo civil los estudios eclesiásticos o contar con todos los derechos políticos que estipula la Constitución son conceptos a los que no deben ser ajenas las asociaciones religiosas.

?No es la ley civil la que debe ponerle limitaciones a los representantes o ministros de culto; tienen que ser las propias asociaciones religiosas, según sus propios reglamentos y estatutos internos quienes decidan cuál es el alcance, cuáles son sus opciones y a qué deben renunciar si se supone que tienen que ser factor de unidad.?

Pero los cambios que pretenden alcanzar los grupos religiosos, difícilmente pasarán, según prevé Roberto Blancarte: ?Se puede contar que la Iglesia espera un gobierno más a modo, pero los cambios no van a ser extraordinarios... las diferencias de fondo con el gobierno seguirán, por ejemplo, la política poblacional, el control de la natalidad; esas diferencias van a seguir existiendo por lo que Fox, probablemente a mediano plazo, va a tener enfrentamientos con la Iglesia católica.?

De igual forma, Bernardo Barranco apuntala: ?Los cambios podrían venir a mediados de su administración (así lo hizo Carlos Salinas); durante el primer año no porque apostará por la reconciliación y un cambio de este tipo en la ley provocaría división (...) no arriesgará con cambios espectaculares.?

Uno de los cambios más esperados sería la creación de un reglamento para la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que estipule en detalle cuestiones que hacen falta en la ley, por ejemplo, las sanciones.

Barranco refiere: ?Fox tendría que plantear un verdadero reglamento y acotar la discrecionalidad un poco moderna o primitiva que ha tenido la subsecretaría de Asuntos Religiosos, hay un vacío jurídico muy grande y se requiere también de funcionarios que tengan continuidad en el cargo?.

Y de acuerdo con Blancarte: ?Un reglamento correcto tiene que ser un reflejo de la ley, no puede ser ni más restrictivo, ni más abierto, así habrá un órgano sancionador?.

Sin embargo a pesar de que existe un ordenamiento de ese índole, el investigador del Colegio de México sostiene que lo que probablemente veamos es ?discrecionalidad. Una aplicación mucho más permisiva de la ley, el menos durante un primer momento, señala.

?Difícilmente vamos a tener a la subsecretaría de Gobernación diciéndole a los obispos que no intervengan, que no digan o que no se deben meter? en ciertos asuntos.

A su vez, el director del Centro de Estudios Religiosos en México explica que hay cierta afinidad entre el presidente electo y los obispos católicos de México porque provienen de la misma región del país: el Bajío.

?La mayoría de los obispos son sus paisanos, 70 por ciento de ellos vienen de ahí y tienen un aire de familia muy grande, al menos en el aspecto cultural.?

Pero sostiene: ?Fox ha marcado una línea de mucha prudencia, diálogo y apertura diferente a la del candidato; ya habla como hombre de Estado y se antoja arriesgado que en una primera etapa haga cambios y reformas en lo religioso?.

Una historia de claroscuros en los últimos sexenios

Las relaciones entre ambas instituciones ha crecido rápidamente en los últimos cinco sexenios.

Roberto Blancarte, ex coordinador de asesores de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación refiere: ?Un cambio importante comenzó desde el sexenio de Luis Echeverría. Él fue a visitar al papa Paulo VI para pedirle apoyo a la carta de derechos económicos, pero en realidad fue un acercamiento de corte populista...?.

En esa época ?encaja? ?explica? la relación que tuvo con monseñor Sergio Méndez Arceo, pues éste último le envió la famosa ?carta de Anenecuilco?, en la cual le hacía una propuesta.

En la misiva ?le decía que había que abrir las relaciones, tenían que ser más transparentes, tenían que dejar de ser ocultas y empezarse a abrir; eso empezó a abrir la relación?.

Esto, según el autor del libro ?Historia de la Iglesia católica en México?, se aceleró con la administración de José López Portillo, sexenio en el cual vino a México el papa Juan Pablo II.

?A partir de ahí fue evidente que la Iglesia estaba teniendo otro tipo de presencia pública, desde 80 hasta las reformas de 92.

?En la administración de Carlos Salinas de Gortari, él reconoce que es imposible seguir con un tipo de relación que ignora la presencia social de las iglesias.?

Roberto Blancarte, doctor en Ciencias Sociales, explica que de haberse consultado con la sociedad probablemente las reformas constitucionales de 1992 no hubieran sido aprobadas: ?Podía no haberlo hecho; si hubiese hecho (Salinas) un referéndum, no pasa, (pero) le pareció importante hacer el reconocimiento en términos jurídicos, hacer una actualización y eliminar algunos aspectos de los más radicales de la Revolución reflejados en la Constitución.?

Ahora, se calcula, vienen nuevos cambios. Los más recientes y no menos trascendentes se dieron en la última década y habrá que esperar el espacio de ?libertad? que tenga el presidente electo; Bernardo Barranco explica: ?Lo veo difícil, pues el presidente tendrá una agenda apretada y una acción acotada, tendrá que buscar alianzas con la jerarquía católica del país pero en el corto plazo no habría cambios espectaculares.?