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La Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados registró hasta ayer solicitudes de 148 despachos y personas físicas para cabildear varios temas ante ese órgano, entre los que se encuentra la reforma de telecomunicaciones.

En la lista, que aún deberá aprobar la comisión, se han presentado 111 personas morales (empresas) como Nextel, y organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), además de empresas profesionales del cabildeo como Negociación Estratégica SA de CV, para poder realizar esa actividad ante el órgano.

Han presentado también su solicitud formal 37 personas físicas, con el fin de que se les autorice cabildear.

Se prevé que la reforma en telecomunicaciones —emanada de los trabajos del Pacto por México— se turne a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Radio y Televisión.

De acuerdo con un documento en poder de EL UNIVERSAL, entre los 111 despachos de cabildeo destacan Grupo Estrategia Política, Cabildeo y Comunicación, y Guerra Castellanos y Asociados, incluidos en la lista para ejercer esta actividad ante la Comisión de Comunicaciones.

Estas empresas están registradas en el padrón de cabilderos que elaboró la presidencia de la Mesa Directiva en esta Legislatura, y en dicha comisión, que preside el priísta Héctor Gutiérrez de la Garza.

Tanto legisladores como integrantes del Pacto por México no descartaron que mañana llegue la reforma de telecomunicaciones a San Lázaro. Diputados que han asesorado al Consejo Rector del Pacto confirmaron que la reforma no ha sido enviada porque se debate en torno al esquema de must carry y must offer, con relación a los mecanismos entre televisoras de señal abierta y de paga.

Por separado, Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, criticó que la reforma pretenda sustituir a la Cofetel, lo que sería “una tontería”, pues se partidizaría. Acompañado de la diputada del PT, Lilia Aguilar, Soria denunció el presunto otorgamiento irregular de dos contratos por parte del presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, por 133 millones de pesos.

Soria dijo que a través de un convenio marco celebrado con la Universidad Autónoma del Estado de México, asignó de manera directa, entre 2011 y 2012, contratos por 72 millones 967 mil 407 pesos, además de otro por 60 millones con la empresa privada Enapsys México, SA de CV, con el fin de desarrollar los mismos trabajos para los que contrató a la UAEM.