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El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó ayer al juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, suspendido en sus labores desde el pasado 1 de junio por haber incurrido en faltas graves en su función jurisdiccional.

Cázares López fue el juez que liberó a 12 de los 35 funcionarios municipales, estatales y federales presuntamente involucrados con el crimen organizado de Michoacán, en el caso llamado “michoacanazo”, resoluciones por las que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso en su contra dos quejas administrativas y una denuncia.

La destitución todavía no es definitiva, pues, dada la naturaleza de la sanción, ésta puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó el CJF, órgano de vigilancia, administración y disciplina del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Cázares López fue suspendido en la misma fecha que el magistrado federal Guadalupe Luna Altamirano, para investigar las quejas y denuncias presentadas en contra de ambos. Los dos enfrentan, igualmente, investigaciones de la PGR por presuntos nexos con el crimen organizado y lavado de dinero.

El juzgador fue también quien resolvió en favor de Julio César Godoy Toscano, hermano del entonces gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, acusado de nexos con el crimen organizado, el amparo que le permitió rendir protesta como diputado federal en septiembre de 2010, aunque fue desaforado en diciembre de ese año por la Cámara de Diputados.

En el caso de Guadalupe Luna Altamirano está pendiente la resolución del CJF, pero la PGR lo acusó también de haber liberado a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Compromiso

Al dar a conocer la destitución del juzgador, derivada de las quejas 659/2010 y 660/2010, así como de la denuncia 34/2011, el CJF refrendó su “compromiso de erradicar cualquier conducta que se aparte de la honestidad, independencia, imparcialidad y profesionalismo que caracteriza a los juzgadores federales”.

Garantizó además que en éste, como en todos los asuntos, “se adoptarán las medidas que sean necesarias”.

El órgano de vigilancia sostuvo que los impartidores de justicia federales del país “son conscientes de las exigencias de la sociedad y de la necesidad de contar con un mejor sistema de impartición de justicia, y por ello trabajan de manera comprometida para atender este justo reclamo de la población”.