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Como Penélope, el personaje de la Odisea, Telma Yanira Acevedo espera. Lo hace desde hace once años, cuando su esposo William Gustavo Pérez dejó El Salvador y se fue rumbo al Norte. Telma aguarda, por lo menos, una noticia de él, saber si está vivo o muerto. A diferencia de Penélope, esta mujer salvadoreña no espera sentada ni tejiendo.

Como muchos centroamericanos, William Gustavo pensó que encontraría un futuro mejor si llegaba a Estados Unidos. La idea se le hizo una obsesión cuando lo despidieron de la fábrica de carteras y no hallaba cómo mantener a Telma y a sus hijas de dos años y siete meses. Una mañana de 2001 se fue con un par de amigos. Meses después, los amigos regresaron; no lograron llegar a la tierra prometida. En México los corretearon, asaltaron, detuvieron y deportaron. Cuando Telma les preguntó dónde estaba William, uno dijo que se separaron en Chiapas; otro, aseguró que la última vez que lo vio fue en Oaxaca.

Desde entonces, Telma supo lo que es vivir esperando y buscando. A todos los migrantes que regresaban a su barrio les mostraba la fotografía de William. “¿Lo vieron por ahí?”, les preguntaba. También preguntó por él en la Cruz Roja, en la embajada de México. Y nada.

En 2006, Telma se unió a otras esposas, madres, padres, hermanos e hijas que también buscaban a sus parientes y fundaron el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide). Ella ha participado en las caravanas a México.

En 2010, Telma y más de 400 familiares de migrantes desaparecidos encontraron a nuevos aliados para su búsqueda. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) —reconocido por su trabajo de identificación de desaparecidos de la dictadura en Argentina y premiado por la Fundación MacArthur en 2007— se acercó a Cofamide.

Les propuso crear un banco de ADN de familiares de migrantes desaparecidos. Hace dos años, Mercedes Doretti y otros miembros del equipo recorrieron varios países de Centroamérica buscando a organizaciones de parientes de desaparecidos para integrar bancos de ADN. En la actualidad tienen documentados 447 casos de migrantes desaparecidos —y muestras de ADN de sus familiares— de El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica; así como de Chiapas y del Estado de México.

El Equipo Argentino de Antropología Forense también se integró al Banco de Migrantes de Chiapas y firmó un convenio con la Procuraduría General de Justicia de Chiapas para que los nombraran como peritos y pudieran exhumar los restos no identificados que fueron depositados en el panteón Jardín de Tapachula, tomar muestras de ADN y compararlos con las muestras de familiares que buscan a sus migrantes desaparecidos.

El 20 de agosto de 2012, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó a trabajar en el panteón Jardín de Tapachula, como parte de lo que han bautizado “Proyecto Frontera”, iniciativa que busca devolverle su nombre a los restos sin identificar y terminar con la incertidumbre de familias que no saben qué pasó con su migrante.

La primera etapa de trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en Tapachula terminó el 19 de septiembre pasado. Los especialistas recuperaron entre 70 y 80 restos de personas sin identificar. Los forenses tomaron muestras de ADN y las enviaron a un laboratorio de Estados Unidos, para que se cotejen con los bancos de ADN de familiares de Centroamérica, Chiapas y Estado de México. Hasta que no sean identificados, los restos se quedarán a resguardo de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.

Mercedes Doretti espera que los primeros procesamientos de ADN se tengan a finales de diciembre, “eso no quiere decir que ya tengamos aún identificaciones; ese es un proceso largo y complicado que llevará más tiempo”.

En marzo de 2012, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense solicitó al Estado mexicano la integración de una Comisión Forense Internacional para trabajar en la identificación de los cerca de 140 restos que se encontraron en las fosas de Tamaulipas y Durango durante 2011; de los 49 restos localizados en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012; y los 13 que aún no se han identificado y que fueron encontrados en un rancho de San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

Hasta ahora no han tenido respuesta del Estado mexicano.