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En la fosa exclusiva número 17 bis, en el Panteón Civil de la ciudad de México, hay 13 cuerpos sin identidad… fueron víctimas de la masacre de migrantes de San Fernando, Tamaulipas, perpetrada en agosto de 2010. Su origen todavía es incierto, a pesar de que el gobierno mexicano rastreó en alrededor de 12 países, hasta en la India, la información necesaria para que pudieran regresar a casa.

Un total de 72 hombres y mujeres fueron asesinados por integrantes del cártel de Los Zetas; un sobreviviente de la barbarie hizo posible que el homicidio colectivo saliera a la luz.

Ahora, a poco más de dos años de la masacre, las autoridades continúan las diligencias diplomáticas y jurídicas para el reconocimiento de los cuerpos, en espera de que algún día tengan de nuevo nombre, familia.

Ante la esperanza de que algún día se recupere la historia de cada una de esas 13 víctimas, los cuerpos fueron colocados en bolsas especiales y dentro de ellas se anotó un número de identificación, con tinta indeleble.

En el informe de labores 2012 de la Procuraduría General de la República (PGR) se detallan las gestiones que han realizado y mantienen vigentes las autoridades mexicanas sobre esta tragedia.

Después del crimen colectivo registrado en agosto de 2010, en septiembre de ese mismo año, a partir de la averiguación previa que inició la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, vía diplomática se enviaron solicitudes de asistencia jurídica internacional a los gobiernos de India, Brasil, Ecuador, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Bolivia, Nicaragua, Colombia, Costa Rica y Cuba, para lograr la identificación de sus connacionales.

El gobierno de México envió a estos países un disco compacto que contenía las 10 huellas dactilares de los cadáveres encontrados en Tamaulipas. La respuesta de estos gobiernos permitió que “de los 72 cuerpos localizados en el ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, fuera posible la identificación y repatriación de 59 cadáveres”.

La identificación de la mayoría de las víctimas permitió que 23 fueran repatriadas a Honduras; 14 a El Salvador; 13 a Guatemala; cuatro a Brasil, cuatro a Ecuador y fue trasladado a la India.

A partir del trabajo pericial emprendido sólo quedaron 13 cadáveres sin identificar, los cuales, el 22 de junio de 2011 fueron trasladados al Panteón Civil de la ciudad de México para su inhumación. Aunque los cuerpos que yacen en la fosa 17-bis tienen un número de identificación que impide que sean archivados.

De hecho, en noviembre de 2011, la Cancillería envió a la embajada de México en la India la solicitud de asistencia jurídica mediante la cual se remitieron a las autoridades de ese país las fichas dactilares de las 13 víctimas que aún faltan por ser identificadas, en un nuevo intento para que no sigan en la fosa común.

Las fosas clandestinas

Esta labor también la realiza la PGR con las víctimas halladas en diversas fosas clandestinas en abril de 2011 en el mismo municipio de San Fernando; la última cifra oficial reveló 125 homicidios, entre los que había mexicanos y extranjeros.

En este caso el 10 de junio de 2011 se envió la solicitud de asistencia jurídica internacional a las autoridades de los gobiernos de Guatemala y El Salvador, “a efecto de obtener todos los datos disponibles de las personas reportadas como desaparecidas, los perfiles genéticos de sus familiares, la documentación que contenga huellas dactilares y fotografías, tales como registros de población, vecindad, nacionalidad, ciudadanía, electorales, registros dentales o expedientes clínicos dentales, o bien, cualquier indicio que permita la identificación de los cuerpos localizados”.

A partir de esta se identificó al guatemalteco, Feliciano Tagual Ovalle, cuyo cuerpo fue entregado en mayo de 2011. Los esfuerzo continuaron y el 16 de marzo de 2012 fueron repatriados a su país de origen nueve cadáveres plenamente identificados como nacionales guatemaltecos. Sólo 10 han recuperado el nombre y un centenar más está clasificado como desconocido.