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Los niños que crecen en la cárcel no tienen garantizados sus derechos y son una población altamente vulnerable porque las prisiones no tienen las condiciones que garantiza su acceso a la alimentación, la salud, la educación y la convivencia en ambientes sanos e higiénicos, señala Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

La sicoanalista dice que hasta ahora no hay un censo preciso sobre el número de niños que viven en las cárceles. De las 10 mil 619 mujeres que forman parte de la población penitenciaria en el país, se calcula que en promedio cada una tiene dos hijos, pero no todos ellos menores de edad y ello indica que se trata de, aproximadamente, 15 mil niños afectados por tener a su madre en prisión.

La investigadora del CIESAS, indicó que en México “no tenemos datos precisos de cuántos niños viven en las prisiones porque no hay quien registre este dato, habría que ir a cada cárcel del país para conocer este dato”.

La también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias habló del decreto presidencial que se emitió hace un par de meses, en el cual se establece que los niños, hijos de madres que se encuentran en situación de cárcel, podrán permanecer en esta institución hasta los tres años de edad.

Dijo que el decreto del Presidente dejó fuera diversas situaciones, como la de ofrecer una oportunidad similar a hombres que se encuentran en prisión y no tienen quién se haga cargo de sus hijos. Hasta ahora ningún centro penitenciario de varones cuenta con los espacios y las instalaciones como guarderías para el cuidado de los niños.

En general los esquemas de indefensión de los infantes “son preocupantes pues, en el mejor de los casos, se quedan con familiares o bien son enviados a instituciones de asistencia social públicas o privadas.”

Detálló que los menores “sólo en una minoría de casos permanecen con sus madres, pero en condiciones sumamente precarias que no aseguran el cumplimiento de derechos, cuestión que tampoco resuelve el reciente decreto presidencial”.

Azaola expuso que “la institución carcelaria en México no ocupa un lugar de importancia en el esquema social de contención y lucha frente al incremento de la criminalidad, y mucho menos se piensa en los niños que acompañan a sus madres en esta situación”; menos aún cuando los servicios en prisión están en un estado de profundo deterioro.