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El Senado aprobó por unanimidad crear la Ley General de Víctimas, con la cual se genera todo un sistema de reparación del daño, que va desde el Registro Nacional de Víctimas y una indemnización de casi un millón de pesos, hasta la creación de un organismo público descentralizado del Estado encargado de brindar garantías para el ejercicio de los derechos de las víctimas.

El ordenamiento responde al compromiso que los senadores hicieron con el poeta Javier Sicilia, quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

La ley aún debe ser ratificado por la Cámara de Diputados para que entre en vigor.

Con este ordenamiento se obliga a los tres órdenes de gobierno —así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada— a instrumentar acciones para garantizar, asistir y reparar el daño de manera integral a los afectados por el crimen organizado o por autoridades que incurran en violaciones a derechos humanos.

También se ordena el pago de hasta 500 salarios mínimos mensuales para la reparación del daño; asesoría jurídica federal y la obligación del Estado a buscar a personas desaparecidas, así como a dar “garantías de no repetición”.

“Sí se pudo”

La votación se generó entre el grito de “sí se pudo” y las lágrimas de los familiares de víctimas en San Lázaro.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam (PRI), dijo que la ley “nace del sentimiento brutal, de impunidad de la víctima, cuando, por ejemplo, es o sufre la desaparición de uno de sus miembros”.

La ley brinda a las víctimas el derecho a una justicia, no sólo penal para castigar a los responsables, sino el derecho de llevar a los tribunales a los responsables, “individuales e institucionales”, de las vejaciones que fueron sujetos.

El senador del PAN Fernando Elizondo Barragán tocó una fibra sensible de los asistentes: “Yo sé, hay daños que no se reparan, hay daños que sólo pueden pretender atenuarse o minimizarse.

“Pero hay daños que sí se pueden reparar y que forman parte de la tragedia que sufre una víctima, como es el daño económico, los bienes materiales perdidos, la incapacidad de sostenerse por sí mismos, por eso es importantísima la responsabilidad subsidiaria que se da al Estado para apoyar a las víctimas”, puntualizó Barragán.

Luego, a petición del senador perredista Carlos Sotelo, el Pleno senatorial guardó un minuto de silencio por las víctimas, familiares y deudos.

También se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que establecerá y supervisará las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se instrumenten para la protección, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, federal y municipal.

El Sistema estará integrado por todas las instituciones y entidades públicas federales, locales y municipales, organismos autónomos, y demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas.

Otros participantes

El sistema se conformará también por representantes de grupos de víctimas, académicos, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

El senador del PRD, Silvano Aureoloes, afirmó que es necesario apresurarse a reconstruir el andamiaje institucional en los tres órdenes de gobierno, para garantizar que la nueva ley no sea letra muerta.

“No se justifica ni se justificará que se digan frases que se han ido convirtiendo en algo cotidiano: ‘lo desaparecieron, lo levantaron, lo asesinaron, seguramente en algo andada’. Esa expresión que escuchamos de quienes incluso tienen la responsabilidad de actuar y entregar resultados”, dijo