politica@eluniversal.com.mx

Diputados de todos los partidos demandaron a los candidatos presidenciales, a alcaldes, gobernadores y legisladores asumir un compromiso de combate a la trata de personas en las campañas de 2012.

Acompañados de “víctimas” de trata, representadas por maniquíes con carteles con leyendas como “Me secuestraron para venderme a muchos hombres… ¡Podría ser tu hija!” “Estoy siendo violada 30 veces al día… ¿Te importa? Vota la ley General contra la Trata”, legisladores exigieron abatir ese delito en el país.

Los diputados, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Armando Ríos Piter; la presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, Rosi Orozco (PAN), Ninfa Salinas (PVEM), Teresa Incháustegui (PRD) y Agustín Castilla (PAN) solicitaron que una vez que la ley sea aprobada por los diputados, se avale en el Senado cuanto antes.

Hace casi un mes, el 15 de febrero, las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos aprobaron el dictamen por unanimidad, pero quedó en el limbo.

Por eso, en rueda de prensa —de la que se ausentó el PRI—, Ríos Piter previó que el pleno la discutirá a más tardar la próxima semana.

Las sanciones

Por la mañana, un grupo de diputados se reunió con víctimas sobrevivientes de trata, y con papás y mamás de niños, niñas y adolescentes desaparecidas, pero a diferencia de hace un año, cuando las niñas hablaron públicamente de los abusos sufridos, ahora se presentaron los legisladores y los maniquíes.

Orozco comentó que “esta ley es urgente porque cada día más niños y niñas desaparecen cuando hay impunidad en los estados.

“Queremos pedirle a todos los candidatos en contienda este 2012 (…) que hagan público su compromiso contra la trata de personas; éste es un cáncer… no sólo debemos combatir el asunto de drogas, el robo de seres humanos es más grave. Y pedirle a los que son candidatos que manifiesten públicamente su compromiso y cómo van a combatir en cada entidad la trata de personas”.

Teresa Incháustegui aseguró que se trata de un crimen que se comete a la luz pública y en el que participan de él familias enteras.

Por ello, recordó, el dictamen que será votado prevé sancionar también a los consumidores finales, pues aun cuando los niños y niñas o mujeres tienen quemaduras de plancha, de cigarro o están golpeados, aun así abusan de ellos “y no tienen ningún miramiento” aunque las víctimas les pidan ayuda.

El catálogo de sanciones, que está previsto en el dictamen y que se espera sea avalado por el pleno, indica que el que “enganche”, transporte, transfiera, retenga o entregue a una persona dolosamente con fines de explotación, se le impondrá una penalidad de cinco a 15 años de prisión.

Quienes sometan a otra persona a una situación de esclavitud serán sancionados con 15 a 30 años de prisión y mil a 20 mil días de multa; y de 10 a 15 años de cárcel “al que se beneficie de obligar a una persona a que realice, participe, tolere o soporte actos sexuales para un tercero cuando los actos sexuales no sean aceptados libremente”.