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Elementos de la Policía Judicial Militar torturaron a sus compañeros del Ejército, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su nueva recomendación contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al acreditarse que en 2009 al menos dos víctimas fueron interrogadas con los ojos vendados, muñecas esposadas, a golpes y descargas eléctricas, en instalaciones castrenses en Chihuahua, con la anuencia de sus superiores.

Los militares agraviados han sufrido represalias e incluso abandonaron las quejas y denuncias que interpusieron, sin embargo, ante la gravedad del caso la CNDH continuó la investigación y presentará la denuncia penal contra el personal del Ejército implicado, a pesar de que se le negó información como el nombre de los policías militares que desde el Distrito Federal viajaron a Chihuahua para efectuar los interrogatorios ilegales.

La recomendación 91/2011 dirigida al secretario Guillermo Galván Galván —la 93 en lo que va del sexenio contra la Sedena— detalla que los hechos ocurrieron en instalaciones del 76 Batallón de Infantería ubicadas en Hidalgo del Parral, Chihuahua “con el conocimiento y anuencia de los superiores: un coronel de Infantería (identificado como AR1), un teniente coronel de Infantería y dos comandantes” que permitieron los actos de tortura contra sus elementos.

En el documento se detalla que la primera víctima —identificado como V1— quien se desempeñaba como oficial de cuartel con casi 21 años de servicio, denunció que el 17 de agosto de 2009 llegaron al Batallón procedentes del DF integrantes de la Policía Judicial Militar para realizar una investigación interna, por lo que sus mandos le ordenaron acondicionar el Club de Oficiales.

El 21 de agosto del 2009 V1 fue trasladado al dormitorio de oficiales de la Tercera Compañía del 76 Batallón, “donde fue sometido a un interrogatorio durante 12 horas, en el que permaneció con los ojos vendados, las muñecas esposadas, fue golpeado en los genitales y espalda, y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza”, mientras le preguntaban sobre conductas ilícitas de otros militares.

Ante lo ocurrido promovió acciones legales para denunciar los hechos, lo que provocó que AR1 lo amenazara, por lo que V1 abandonó el cuartel y en octubre se le inició un proceso militar por deserción.

La segunda víctima —identificada como V2—, un cabo del mismo batallón, denunció que el 10 de septiembre de 2009, cuatro elementos de la Policía Judicial Militar lo condujeron al Club de Oficiales donde “le vendaron los ojos y brazos, lo esposaron y lo envolvieron en una cobija e interrogaron con violencia, golpeándolo en la cara y estómago (…) le aplicaron descargas eléctricas y lo amenazaron con sembrarle armas y droga en su domicilio si se atrevía a denunciarlos”.

La investigación de la CNDH que incluyó la obtención de declaración de las víctimas, testigos y peritajes médicos, entre otros, concluyó que la tortura contra estos elementos existió, por lo que presentará la denuncia penal contra los responsables, tanto los policías militares que interrogaron, como los mandos castrenses que no impidieron los hechos e incurrieron en denegación de justicia en agravio de sus elementos.