silvia.otero@eluniversal.com.mx

El secretario de Gobernación en funciones, Juan Marcos Gutiérrez, y la canciller Patricia Espinosa encabezaron, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el acto público en el que se reconoció la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco —ocurrida en 1974—, para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), un acto de desagravio en el que no estuvieron presentes las víctimas: los familiares que durante 37 años han exigido justicia.

Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado de Guerrero, aprovechó para anunciar la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la entidad durante las décadas de los 70 y 80, aunque no asistieron a la ceremonia los familiares de Radilla ni los deudos de más de 450 desaparecidos en Atoyac en esos años, ni las organizaciones no gubernamentales que impulsaron el caso ante la CoIDH.

Las víctimas rechazaron acudir a la ceremonia que, según acusaron públicamente, se organizó con premura, acorde con la agenda de los funcionarios que asistirían y sin consultar a los deudos, quienes fueron informados sólo con un día de anticipación sobre el acto, por lo que su inasistencia representa el incumplimiento de la sentencia emitida por la CoIDH en los términos en que se dio el fallo.

Aunque las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores informaron sobre la ceremonia en un comunicado conjunto, no mencionaron la ausencia de los familiares de Radilla y del resto de los deudos de las víctimas de la llamada guerra sucia; sólo indicaron que hubo “una numerosa concurrencia del pueblo de Atoyac de Álvarez”.

Destacan “voluntad” de Calderón

Las dependencias dieron a conocer que Juan Marcos Gutiérrez reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, por cuya memoria se develó una placa en su honor.

En su mensaje, el funcionario afirmó: “En circunstancias sumamente complicadas para el gobierno federal, derivadas de la trágica muerte de José Francisco Blake Mora y Felipe Zamora Castro, quienes tenían contemplado realizar este acto el lunes 14 de noviembre, hemos acudido la secretaria de Relaciones Exteriores y el secretario de Gobernación en funciones a atender una obligación internacional y a reafirmar la plena voluntad del gobierno del presidente Felipe Calderón con la protección de los derechos humanos”.

La canciller Patricia Espinosa destacó que “la política exterior de México en derechos humanos se caracteriza por una plena apertura a los organismos internacionales de derechos humanos; por la vinculación del Estado mexicano a todos los tratados internacionales en la materia, y por el establecimiento de mecanismos y procedimientos para dar pleno cumplimiento a las obligaciones internacionales”.

En tanto, Aguirre Rivero dijo que el acto “muestra los profundos cambios positivos que se han operado en el país en la última década”, y anunció la creación de la Comisión de la Verdad.