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El gobierno de Estados Unidos debe retener los fondos de la Iniciativa Mérida para 2012 ante el incumplimiento del gobierno de México en garantizar el respeto a los derechos humanos, ya que todas las fuerzas de seguridad del país mantienen prácticas como la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Human Rights Watch (HRW) presentará esta recomendación ante el Congreso estadounidense, a partir de la investigación que hizo durante dos años y que dio a conocer en su último informe Ni Seguridad, Ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México, que señala el fracaso de la estrategia de seguridad del presidente Felipe Calderón, el aumento de la violencia y de las violaciones graves a los derechos humanos.

La organización internacional recordó que el programa de Iniciativa Mérida desde su inicio, que implica la entrega de fondos por más de mil 600 millones de dólares, está condicionado dentro del acuerdo bilateral a que México garantice el respeto de los derechos humanos en su estrategia de seguridad, pero no cumple con este requisito para recibir los recursos.

En este programa bilateral de asistencia para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, desde el inicio, el Congreso estadounidense exigió por ley que 15% de los fondos fueran retenidos anualmente hasta que el Departamento de Estado emitiera un informe que confirmara que México cumplía cuatro requisitos básicos.

México se comprometió a investigar y juzgar a militares y policías acusados de cometer abusos contra civiles en el sistema de justicia penal ordinaria, a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la policía, así como prohibir el uso de testimonios obtenidos por medio de torturas u otros malos tratos.

HRW señala que la existencia de estos requisitos “suponen una oportunidad clave de medir los avances conseguidos por México en materia de derechos humanos, y de presionar al gobierno mexicano para que adopte medidas para revertir las tácticas abusivas”.

Por ello, resaltó la organización, “es crucial que estos requisitos se mantengan vigentes durante las próximas etapas de la Iniciativa Mérida”, es indispensable que se exija su cumplimiento.

Señaló que al investigar la situación que impera en Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco (estados de los más impactados por la violencia) documentó 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales que están impunes, cuyas víctimas en su mayoría no estaban ligadas al crimen organizado.

“Se demuestra una vez más que los requisitos no se están cumpliendo”, por lo que se recomendará al Congreso de Estados Unidos que retenga los fondos específicos destinados a las fuerzas de seguridad correspondientes a 2012, pues es un hecho que continúan empleando torturas y cometiendo otras graves violaciones con una falta crónica de rendición de cuentas.

En el informe que difundió el miércoles, HRW sostuvo que todas las fuerzas de seguridad (incluidos el Ejército y la Marina), recurren a la tortura como práctica sistemática de “investigación” en el combate a la delincuencia organizada.