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SANTA CRUZ DEL RINCÓN, Gro.— Una cancha de basquetbol, con techo de láminas y rodeada por los cerros de la Montaña de Guerrero, fue donde autoridades comunitarias decidieron sancionar a cinco hombres, uno de ellos menor de edad, por transportar poco más de 600 kilos de droga.

El 13 de octubre pasado, policías comunitarios detuvieron cerca de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, a cuatro hombres originarios de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, quienes transportaban 33 paquetes de mariguana y se dirigían a Tlapa, Guerrero. Un día después, detuvieron a otro hombre, originario de la ciudad de México, quien preguntó por los detenidos.

En 70 comunidades de esta región de la Montaña funciona la Policía Comunitaria. Se trata de pobladores que, desde 1995, ante la falta de acción de las autoridades se organizaron para combatir los asaltos, violaciones y robos de ganado.

Utilizando el sistema de usos y costumbres, decidieron que todos los detenidos por la Policía Comunitaria serían “juzgados” en asambleas y serían sancionados con trabajo comunitario.

Esta es la primera vez que la Policía Comunitaria se topa con un caso de narcotráfico. Y la primera ocasión que en esta región y en el país se realiza una asamblea comunitaria para determinar qué hacer con detenidos que transportaban más de media tonelada de mariguana.

A las 11:30 de la mañana de este 5 de noviembre comenzó la asamblea, convocada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero (CRAC), de la cual depende la Policía Comunitaria. Como testigo asistió el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja.

La cancha de basquetbol recibió a indígenas y mestizos que llegaron de varios puntos de la Montaña y la Costa Chica. Ante ellos se presentó a los detenidos: Javier y Marcos Ventura Morales (de 21 y 19 años), originarios de Cahuañaña, municipio de Metlatónoc; Pedro Ponce Rodríguez y su hijo de 17 años, Feliciano Ponce Chávez, de Río Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, y Gabriel Orozco Nieto, quien dijo vivir en el Distrito Federal.

Frente a ellos se colocaron los 33 paquetes, que fueron abiertos para que la asamblea comprobara que era mariguana.

Luego de escuchar el reporte de los comandantes que detuvieron a los hombres, la asamblea dio la palabra a los familiares de los detenidos. Primero habló Susana Morales, madre de Javier y Marcos Ventura: “Quiero llegar a un acuerdo con ustedes... Si mis hijos cometieron esos errores que ustedes dicen, quiero que me dejen hablar con ellos, que los suelten”.

Le siguió Margarita Chávez, quien en mixteco pidió que soltaran a su esposo Pedro y a su hijo Feliciano, porque “ellos estaban cortando leña y les pidieron que les ayudaran a cargar una camioneta”.

Nadie acudió para hablar a favor de Gabriel Orozco. Él solicitó el micrófono: “Yo estaba circulando por Huehetepec... Por desvelarme, me equivoqué de camino, estaba perdido. Me detuvieron los policías; llevo días aquí y no he hecho una llamada y no sé cuál es el problema... Quiero que me vean como un ser querido, como familiar”.

Los asistentes escucharon atentos. Pablo Guzmán, de la CRAC, recordó que el numeral sexto, artículo 10, del capítulo siete del reglamento de la CRAC dice que la coordinadora está facultada para decidir en faltas relacionadas con asalto, violaciones, robo de ganado y todo lo relativo al tráfico de droga, producción, compra, venta y traslado de estupefacientes.

“La Policía Comunitaria no surge para hacerle la guerra al narco, pero no vamos a justificar y ser cómplices de acciones que afecten la seguridad de nuestras comunidades... entre nosotros tenemos que corregir y solucionar los problemas”.

Bruno Plácido, consejero de la CRAC, señaló que los detenidos no son narcotraficantes, “son burreros”. Y habló de la necesidad de combatir el consumo de mariguana. “Este es un asunto del pueblo y nosotros tenemos que solucionarlo”.

La asamblea decidió ratificar los acuerdos que habían tomado en una asamblea anterior, realizada el 19 de octubre, y además determinó quemar los 33 paquetes de mariguana. Aquel día, los pobladores pusieron sobre la mesa tres alternativas: dejar pasar a los detenidos y su cargamento; entregarlos a la PGR o someterlos al proceso de reeducación de la justicia comunitaria. Ese día, la mayoría votó por la última opción.

Esta vez “se acordó que los cinco detenidos fueran reeducados en territorio comunitario, porque si los entregábamos a las autoridades mostraríamos que somos incapaces de resolver los problemas en nuestro territorio”, recordó Pablo Guzmán, quien reconoció que han recibido amenazas telefónicas y que les ofrecieron dinero para soltarlos, “pero en nuestro sistema de justicia nadie puede tomar una decisión individual; ésta es de toda la comunidad”.

Así que los cinco detenidos realizarán trabajo comunitario en las 70 comunidades. El tiempo que permanecerán detenidos lo definirá la asamblea al término de las investigaciones.

El titular de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte, se comprometió a respetar la decisión de la asamblea. “Yo hubiera querido que los entregaran a las autoridades civiles o militares”, dijo a EL UNIVERSAL, “porque no es lo mismo detener a un homicida solitario o a un asaltante común, que a gente que está involucrada con grupos delincuenciales”.