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WASHINGTON.— En una ofensiva orquestada por la minoría republicana en la Cámara de Representantes, el presidente del comité de Justicia, Lamar Smith, pidió ayer a la administración de Barack Obama designar un fiscal especial para investigar al procurador de Justicia, Eric Holder, y esclarecer su grado de conocimiento en el fallido operativo de Rápido y furioso.

De forma paralela, el presidente del comité de Supervisión Gubernamental, Darrell Issa, acusó a Holder de incompetencia o falsear la información aportada bajo juramento en la audiencia celebrada el pasado mes de mayo, en la que el procurador aseguró haber sabido de la operación encubierta hasta abril de 2011.

El problema es que, según los memorándums que ha difundido la cadena CBS, Holder habría sido informado desde el mes de julio del 2010 sobre operativos relacionados con Rápido y furioso, en particular la red de contrabando de armas a cargo de Manuel Celis-Acosta que habrían ido a parar a manos de los cárteles de la droga mexicanos.

El documento dirigido por el director de inteligencia de la DEA, Michael Walther, está fechado el 9 de julio del 2010, es decir, mucho antes del asesinato del agente Brian Terry.

Posteriormente, según un segundo memorándum difundido por CBS, en noviembre del 2010, el subprocurador general de la división criminal, Lanny Breuer, le escribe un memorándum a Holder en el que le informa que el operativo de Rápido y furioso está a punto de ser “desmantelado”.

Surge otra operación

Y en la penosa novela por entregas en que se ha convertido el escándalo de Rápido y furioso, el diario Los Angeles Times reveló ayer que una segunda operación encubierta bautizada como Receptor abierto habría permitido el trasiego ilegal de armas desde Tucson, Arizona, entre 2006 y 2007, que habrían ido a parar a manos de cárteles mexicanos.

Documentos entregados por el Departamento de Justicia a investigadores del Congreso indican que con Receptor abierto una red de testaferros habría adquirido armas que luego “se perdieron en México”, según el contenido de los correos electrónicos que han confirmado la existencia de un segundo esquema de tráfico que funcionó bajo la fallida estrategia de “dejar caminar las armas” a través de la frontera.

Los Angeles Times cita a un funcionario del Departamento de Justicia asegurando que altos mandos de esa oficina sabían del esquema de trasiego ilegal de armas de Receptor abierto, pero desconocían que la misma estrategia era utilizada en el Rápido y furioso.

En un correo del mes de octubre de 2010, Jason Weinstein, el subprocurador general de la División Criminal, se dirigió a James Trusty, jefe del Departamento de Crimen Organizado y Pandillas, y mencionó por primera vez los dos casos al manifestar su temor de que los operativos se encimaran.