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La reforma constitucional en materia de amparo entra en vigor este martes sin que el Congreso de la Unión haya aprobado aún la ley reglamentaria, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación expedirá acuerdos generales para aplicar las nuevas reglas del juicio de amparo.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante el Poder Legislativo para las Reformas Constitucionales de Amparo y Derechos Humanos, aseguró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está preparado para hacer frente a esta situación.

“Los juicios de amparo tendrán que tramitarse en todo lo que no contradigan la reforma constitucional de acuerdo con lo que está en la ley que tenemos en este momento. No podríamos afirmar que al no haber ley ya no se puede tramitar el amparo y no podemos decir que como no hay ley no entra en vigor la Constitución”, dijo.

“Lo que buscamos es que no haya un periodo en el cual se afecte la protección de los derechos de las personas. La Corte tiene que responder de inmediato ante esta ausencia de Ley de Amparo, para evitar que haya malos entendidos o un mensaje equivocado a la sociedad”, manifestó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Explicó que, hasta en tanto se aprueba la nueva Ley de Amparo, se aplicará de manera directa lo que establece la Constitución en los artículos 103 y 107, y la ley vigente operará en todo lo que no contravenga a estas disposiciones. “Adicionalmente, la Corte establecerá acuerdos generales, en el ámbito de nuestras facultades, para dar respuesta a esta etapa de transición, en el tiempo en que duremos sin nueva ley reglamentaria del amparo”, precisó.

Esos acuerdos generales normarán, por ejemplo, cómo deberá tramitarse la declaratoria general de inconstitucionalidad, cuál va a ser la competencia de los tribunales colegiados de circuito y la del pleno de la Corte, así como la conceptualización de los derechos humanos, por ejemplo, explicó.

También deberán fijarse criterios para que juzgados y tribunales federales puedan establecer el interés legítimo de los demandantes, un concepto más amplio que el de la ley vigente, que habla de interés jurídico, es decir, el derecho de un particular para reclamar mediante un juicio de amparo violaciones a sus derechos.

Los requisitos para el otorgamiento de la suspensión también se modificarán, pues se aplicará de manera directa la Constitución, con los criterios de apariencia de buen derecho e interés social.

“Es muy importante que nosotros desde la Corte enviemos un mensaje muy claro que el juicio de amparo se seguirá tramitando y tendrá que interpretarse ahora con criterios progresistas y garantistas, con independencia de que tengamos o no Ley de Amparo”, dijo.

Consideró que el retraso se debe a que se trata de una reforma complicada, en la que “se enfrentan visiones progresistas y conservadoras”, pero dijo que la discusión va avanzada en el Senado y se ha trabajado con intensidad para contar con la nueva ley a la brevedad.