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A 28 días del ataque de un grupo de delincuentes al Casino Royale —donde murieron 52 personas— la Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que cuatro empresas operaban este centro de apuestas y que, tras argucias legales, tres habían logrado, a través de dos funcionarios, “darle la vuelta a la ley” para realizar juegos de azar considerados ilegales por la autoridad.

Por ello, la dependencia interpuso ante la PGR denuncias de hechos contra Ignacio Fierro Evans, titular de la Unidad de Gobierno, durante el final del mandato de Santiago Creel, y contra Roberto Correa, director de Juegos y Sorteos, en el inicio de la administración de Francisco Ramírez Acuña, por uso indebido de atribuciones y facultades.

Además, en conferencia de prensa, el subsecretario de Gobierno de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, informó:

“El día 21 de septiembre de 2011 se presentó ante la PGR una denuncia contra quien resulte responsable por la probable comisión del delito de juego ilegal previsto en el artículo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ante distintas modalidades y operación de diversas empresas en Avenida San Jerónimo 205, colonia San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León, bajo la marca Casino Royale”.

Dijo que se ha citado a los empresarios de apuestas para revisar la situación de sus permisos. Aceptó que han detectado problemas en la integración y orden de los expedientes de los permisos y se comprometió a cerrar en menos de 24 horas los locales de apuestas sin permisos o irregulares.

El funcionario sostuvo que en este caso no están involucrados los ex titulares de la dependencia, Santiago Creel Miranda o Francisco Ramírez Acuña, ni el ex subsecretario de Gobierno, Abraham González, pero dijo que se procederá contra cualquier funcionario que por acción u omisión haya violado la ley.

Detalló que de acuerdo con la investigación de Gobernación, el 10 de mayo de 2005 Fierro emitió un criterio mediante el cual Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey no necesitaba de permiso de la Segob para instalar y operar en sus locales máquinas, pues “eran un juego de habilidad y destreza que no implicaba azar ni apuesta en ninguna de sus formas”.

Agregó que Juegos de Entretenimiento y Video de Monterrey hizo del conocimiento de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos su pretensión de “ceder” el criterio que le otorgó Fierro a Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta; el 11 de abril de 2008 Roberto Correa emitió un oficio “tomando nota y dándose por enterado”.

El 10 de marzo de 2009, Correa emitió un criterio en el que determinó que Ferrocarril Endige no requería permiso de Segob para hacer “torneos” de dominó, ajedrez, damas, backgammon, Texas hold’em, póker y Black Jack realizados mediante una “cuota de inscripción” en calidad de “gastos de recuperación”.

El ganador del torneo participaba al final en una “trivia”, en la que se determinaba si obtenía o no una “gratificación” y por lo tanto se trataba de juegos “sin apuestas”.

El 5 de mayo de 2007 Atracciones y Emociones Vallarta —quien obtuvo una extensión para abrir 41 locales extras luego de que Correa perdiera un juicio ante esta empresa con el juez Jerezano— celebró en Casino Royale un contrato de inversión con Entertainment Enterprises of México.

El 3 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2011 las empresas Juegos de Entretenimiento y Video de Cadereyta y Ferrocarril Endige avisan, respectivamente, a Segob de la apertura de un establecimiento en el local que ocupaba el Casino Royale.