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La secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación informaron que el Estado mexicano firmó el miércoles pasado los acuerdos para la solución de dos casos que se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el ánimo de privilegiar el diálogo y la concertación con las víctimas.

El primero de ellos es el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma, quien en 2002, con 16 años de edad, desapareció y que fue encontrada sin vida en una carretera cercana a la ciudad de Chihuahua.

Casi siete años después de iniciado el trámite del caso de Paloma, la CIDH encontró acreditada la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El segundo, es el caso de los señores Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián, indígenas purépechas que alegaron faltas al debido proceso por no haber sido asistidos por intérpretes durante un juicio seguido en su contra, en el que fueron encontrados responsables penalmente y condenados a penas privativas de libertad.

La CIDH, después de 14 años de trámite, admitió el caso para iniciar su análisis sobre el fondo del caso.

Diversas instituciones del Gobierno Federal, así como de los gobiernos de Chihuahua y Michoacán, emprendieron una serie de gestiones que no sólo hicieron posible acuerdos entre las partes para su solución, sino que además por primera vez, como ocurrirá en el caso de los señores Martínez Torres y Martínez Damián, la reparación del daño comprenderá medidas que beneficiarán a toda la comunidad purépecha michoacana.

El gobierno de México, dijo la cancillería en un comunicado, agradece el acompañamiento de la Comisión Interamericana para la solución de estos asuntos, particularmente el apoyo brindado por su Secretario Ejecutivo, el doctor Santiago Cantón, y ratifica su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.