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El Instituto Federal Electoral (IFE) clasificó como temporalmente reservado parte del contrato que suscribió con la empresa Yai Producciones para la realización de sus spots en 2011, bajo el argumento de que su difusión compromete la seguridad nacional en el ámbito del instituto, puede afectar el derecho a votar y ser votado, y también podría obstaculizar el desarrollo de las elecciones federales.

Lo anterior, en respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAl ante la Unidad de Enlace de la dependencia electoral.

De 2008 a 2010, los spots del IFE fueron realizados por TV-UNAM. A partir de este año, el contrato fue adjudicado a Yai Producciones, luego de un proceso de licitación.

Los buscadores de internet arrojan el nombre de Miguel Camacho como el responsable de dicha empresa.

La reserva

En la respuesta entregada a EL UNIVERSAL, el Comité de Información del instituto confirmó la decisión de las direcciones ejecutivas de Administración y de Capacitación Electoral del IFE de considerar como “temporalmente reservado” el anexo uno del contrato suscrito por el instituto con la empresa Yai Producciones para que realice sus promocionales.

Lo anterior, argumentan, “en virtud de que se encuentra vigente la prestación del servicio y la difusión de la información pudiera ocasionar perjuicio a los programas, proyectos, actividades y en general al desarrollo de las funciones encomendadas por el instituto”.

El comité también avala la decisión de dichas direcciones ejecutivas de fundar su negativa a entregar una parte del contrato en el apartado tercero de la Guía de Criterios Específicos de Clasificación, que puntualiza:

“Se entenderá que compromete la seguridad nacional en el ámbito del IFE, cuando la difusión de la información ponga en riesgo acciones destinadas a proteger la estabilidad institucional, la gobernabilidad democrática y la seguridad interior del instituto”.

Blindan gobernabilidad

En el apartado también se menciona que se pueden “poner en riesgo las acciones destinadas a proteger la gobernabilidad democrática”, cuando la divulgación de la información “pueda afectar el ejercicio del derecho a votar y ser votado; pueda obstaculizar el desarrollo de las elecciones federales o pueda afectar la producción, transportación y almacenamiento de credenciales de elector y de materiales electorales o pueda propiciar su falsificación”.

El comité de transparencia del Instituto Federal Electoral agrega que en dicho anexo además puede estar contenida información relacionada con los secretos “comercial, bancario, industrial u otro”.