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Judicatura investiga corrupción en juzgado

María de la Luz González| El Universal
Viernes 01 de julio de 2011

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El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió temporalmente al juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, Álvaro Tovilla León, para facilitar la fiscalización de su juzgado, que se inició tras la consignación de uno de sus subordinados acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

La medida entró en vigor ayer y se mantendrá por el tiempo que sea necesario para agotar la investigación y emprender las acciones que resulten necesarias, informó ayer el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En un comunicado, precisó que la suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad del juez y se adoptó de manera cautelar en ejercicio de las facultades que le otorgan al CJF la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como las demás normas en la materia.

El 28 de enero, el Consejo de la Judicatura Federal denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México, en cuyas cuentas bancarias se detectaron movimientos por 432 millones de pesos, superiores a sus percepciones en los últimos cinco años.

Tras la denuncia, la PGR ejerció acción penal en contra de Martínez Hernández, quien fue aprehendido por el delito de enriquecimiento ilícito, que se cumplimentó el 27 de mayo pasado.

El ex secretario de juzgado se encuentra sujeto a proceso y existe una indagatoria abierta en su contra por presunto lavado de dinero, mientras el CJF inició su propia investigación en el juzgado.

Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Esiquio Martínez Hernández, quien hasta la semana pasada era secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa del DF. Se le acusa, por ahora, de un solo delito, el de enriquecimiento ilícito.

Martínez trabajaba en el Juzgado a cargo del juez Álvaro Tovilla, quien en 2010 conoció de juicios de empresas privadas —como Iusacell— contra licitaciones para frecuencias del espectro radioeléctrico y, a finales de ese mismo año, concedió un amparo a una constructora (Corporativo Pedregal Hispamex, empresa del Grupo Danhos) para comenzar la edificación de una torre de 25 niveles en Pedregal 24, en la delegación Miguel Hidalgo.

El 13 de junio pasado, el secretario dijo que demostrará su inocencia, y en el momento procesal oportuno, revelará los nombres de los servidores públicos, que según él, son los verdaderos propietarios del dinero.



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