WASHINGTON .— En el inicio de una nueva ofensiva, el presidente del Comité de Supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes, Darrel Issa, exigió ayer a la administración Obama y, en particular, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, entregar toda la información requerida por miembros del Congreso sobre la operación Rápido y furioso.

El congresista por California exige a Clinton que entregue “todos los informes” relacionados con los encuentros mantenidos en México en el verano de 2010 entre el embajador Carlos Pascual; el secretario de Justicia, Larry Breuer, y “otros oficiales” para discutir las investigaciones relacionadas con el programa Gunrunner y el fallido Rápido y furioso.

“Le pedimos que presente notas informativas, cables y correos electrónicos de los encuentros que se produjeron entre junio y septiembre de 2010” en México, especifica Issa.

En una carta de apercibimiento distribuida por la oficina del congresista por California, el republicano lamenta el hecho de que nadie desde el Departamento de Justicia, ni desde el Departamento de Estado hayan respondido aún a las reiteradas peticiones del senador Chuck Grassley, el republicano de más alto rango en el Comité de Justicia del Senado, para entregar los informes solicitados.

Negativas inexplicables

“Esta negativa es inexplicable… Dada la gravedad de este asunto, esta actitud de rechazo es inaceptable”, consideró Issa, quien ha decidido sumarse a la petición formulada por Grassley y ha emplazado a la Secretaria de Estado a entregar no sólo una nota en donde explique las razones detrás de ésta negativa —“que contradice las promesas de transparencia promovidas por el presidente Obama”— y que, además, rinda todos los informes solicitados dentro de un plazo que vence el próximo 12 de abril.

El Comité de Supervisión gubernamental que preside el congresista Issa dispone del mandato más amplio en el Congreso para exigir información al ejecutivo. Por ello mismo, el senador Grassley ha decidido solicitar su apoyo para ejercer una mayor presión sobre el ejecutivo ante las reiteradas excusas del Departamento de Justicia, que ha justificado sus negativas en el hecho de que se trata de una “investigación en curso”.

“El Comité de Supervisión tiene el derecho a exigirle cuentas al ejecutivo, pero el ejecutivo también tiene discreción para revelar el contenido de ciertas reuniones de carácter reservado”, aseguró Andrew Selee, analista y director del Instituto de México en el Centro Woodrow Wilson, quien explicó que precisamente el carácter reservado de ciertas reuniones podrían ser objeto de disputas o negociaciones entre la administración Obama y el comité que preside Issa.

Casi de forma simultánea a la petición presentada ayer por Issa, el senador Grassley volvió a exigir a la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) informes adicionales sobre el papel que han jugado sus agentes en una operación encubierta que se remonta a agosto de 2010 y que permitió el trasiego ilegal de las armas utilizadas durante el asesinato del agente Jaime Zapata, en febrero ene San Luis Potosí.

Corrigen fecha del operativo

En una carta dirigida al director de la ATF, Kenneth E. Melson, Grassley asegura que documentos de la investigación han sacado a relucir que los agentes tenían conocimiento de las actividades de este grupo de traficantes de armas desde agosto de 2010 y no desde noviembre de ese año, como aseguró el Departamento de Justicia tras la detención de los hermanos Ranferi y Otilio Osorio y Kelin Morrison el 28 de febrero, casi dos semanas después del asesinato de Zapata.

Según documentos en poder del senador por Iowa, agentes de la ATF habrían mantenido vigilancia desde el verano de 2010 de las actividades de los hermanos Osorio y de su socio Morrison. De hecho, Grassley menciona en su carta que, según se desprende de la investigación, Morrison compró en julio de 2010 un rifle Romarm modelo WASR calibre 7.62, que fue descubierto en LaPryor, Texas, cerca de la frontera.

El arma comprada por Morrison, dice el informe, fue recuperada con otras dos adquiridas por Ranferi.

“Todos estos hechos fueron conocidos aparentemente por las autoridades federales al mismo tiempo, pero ninguno fue incluido en sus notas de prensa” difundidas tras la detención de los tres traficantes, dijo Grassley al insinuar que el Departamento de Justicia ha escamoteado información que demostraría que la ATF había mantenido vigilados desde julio o agosto de 2010 al grupo de traficantes vinculados al arma utilizada para asesinar al agente Zapata.

Grassley afirma que en noviembre de 2010, los agentes realizaron una operación encubierta para conseguir que los Osorio y Morrison les entregaran un cargamento de 40 armas.

Con esta investigación, la ATF pretendía demostrar los vínculos de éste grupo con los cárteles mexicanos. Por ello, el senador Grassley exigió a la ATF informar sobre la fecha exacta en que sus agentes conocieron por primera vez del tráfico de armas a México por Osorio y su cómplice.

Video de CBS sobre “Rápido y furioso” (en inglés).