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WASHINGTON.— El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, aseguró ayer que Estados Unidos ha cometido un “grave error” al permitir el paso de grandes cantidades armas y municiones a México, un país que, aseguró, “ya enfrenta duros problemas” frente al embate de los cárteles de la droga.

Durante un acto político dedicado al espinoso asunto del control de armas, Bloomberg acudió ayer al Congreso para apoyar iniciativas de ley que buscan un mayor control de las armas que provocan la muerte de poco más de 30 mil personas al año en Estados Unidos, según las estadísticas del centro Brady Campaign.

Bloomberg, uno de los principales promotores del control de armas en Estados Unidos, forma parte de la organización Alcaldes contra el Tráfico Ilegal de Armas, que agrupa a más de 500 regidores afiliados en todo el territorio bajo una sola causa en común: combatir la flexibilidad de las leyes en materia de armamento.

En su informe de septiembre pasado, la organización denunció que el tráfico de armas dentro y fuera de Estados Unidos “sigue sembrando una devastadora violencia entre nuestras comunidades” y “ha contribuido, además, a atizar la violenta guerra de las drogas en México”.

En su intervención de ayer frente al Capitolio, Bloomberg dio su respaldo a las iniciativas de ley que han presentado el senador Charles Schumer y la congresista Carolyn McCarthy para reforzar la legislación sobre control de armas y para evitar que personas con antecedentes criminales, drogadictos o enfermos mentales se aprovechen de controles laxos para adquirirlas.

“La inmensa mayoría de los estadounidenses estamos de acuerdo en lo que tendría que hacerse”, dijo Bloomberg en alusión al rechazo e indignación que se produce tras la muerte de una víctima inocente a manos de un criminal dominado por las drogas.

Armerías, renuentes

La ofensiva lanzada ayer por Bloomberg coincide con el inicio de una nueva campaña de la Casa Blanca para sentar en la mesa de negociaciones a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA), el cabildero de mayor peso e influencia en el Congreso estadounidense, que se ha resistido no sólo a un mayor control de la venta de armas, sino a la reinstalación de la prohibición de armas de asalto que expiró en 2004, y a la pretensión de obligar a las más de 8 mil armerías distribuidas a lo largo de la frontera con México a declarar la compraventa múltiple de artefactos de alto poder.

La NRA se ha opuesto, en particular, a la iniciativa presentada desde diciembre pasado por la Oficina para el Control de Contrabando de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para ampliar —mediante cartas de demanda— la obligatoriedad para que las armerías de Texas, Nuevo México, Arizona y California reporten la venta múltiple de armas de alto poder.

Las tentativas de la administración de Barack Obama por invitar a la NRA a las negociaciones han caído en saco roto ante la fulminante respuesta de su vicepresidente ejecutivo, Wayne Lapierre, quien ha rechazado la invitación, al asegurar que no podría dialogar con “un grupo de personas que han pasado gran parte de su vida combatiendo la segunda enmienda”, que consagra el derecho de los estadounidenses a tener y portar armas.