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Un grupo de ciudadanos presentó ayer los videos del juicio oral en el que los jueces de Chihuahua, Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga absolvieron al asesino de Rubí Freyre y que, aseguran, dan muestra de que los juzgadores tenían todos los elementos para declarar la culpabilidad de Sergio Barraza.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, advirtió que casos como éste muestran que hay problemas de capacitación en las áreas de procuración y administración de justicia.

Solicitó a Gobernación que intervenga para que el sistema penal acusatorio, que se está implementando en varios estados, se frene mientras se capacita de forma adecuada a los servidores públicos y a los magistrados que lo conducen.

Acompañada por el doctor Samuel González, consultor en seguridad, y Patricia Olamendi, especialista en violencia de género, la activista explicó que está a favor del sistema penal acusatorio, pero advirtió que el modelo “hipergarantista” que se aplica en Chihuahua y que podría reproducirse en todo el país, “representa un grave riesgo. No estamos en contra del sistema sino de la forma en que se concibieron los códigos y esto tiene que ver con la mente de hipergarantistas que sólo buscan exculpar a los culpables porque ya no les caben en la cárcel”, insistió.

Miranda de Wallace y Samuel González cuestionaron la actuación de los jueces, porque no valoraron el testimonio que la madre de la víctima, Marisela Escobedo, asesinada el 17 de diciembre durante una manifestación, rindió en el juicio oral contra Sergio Rafael Barraza, donde expuso el dolor que le causó el asesinato de su hija y tampoco consideraron la cadena de pruebas que presentó el fiscal sobre las evidencias de maltrato físico que sufrió Rubí a manos de Rafael.

Desdeñan pruebas

González Ruiz dijo que los jueces sólo utilizaron en la sentencia dos líneas del testimonio de Marisela, en las que niegan el valor probatorio a las evidencias mencionadas, dado que ella lo describió como un hombre que tendía a mentir.

El constitucionalista destacó que los jueces tampoco valoraron la declaración del menor Ángel “N”, quien declaró que Sergio Barraza le confesó haber asesinado a Rubí y le pidió ayuda para deshacerse del cuerpo, a lo que él se negó.

Además, la defensa del entonces inculpado no aportó ninguna prueba ni refutó los testimonios durante el juicio.

Según el testimonio, Barraza, ayudado por uno de sus hermanos, fue al tiradero Las Marraneras, donde incendió el cuerpo de su ex pareja; luego, ambos regresaron con el testigo y le contaron lo ocurrido. “Los jueces no emplearon el mandato del 20 constitucional que los obliga a usar todos sus sentidos antes de emitir una sentencia, la cual debe basarse en la lógica y la experiencia”, dijo González.

Los tres ponentes coincidieron en que el Congreso de Chihuahua debe entablar juicio político a los juzgadores.

Olamendi calificó el asesinato de Rubí como un feminicidio, y recordó que los jueces están facultados para ordenar diligencias adicionales y allegarse de más pruebas, pero los responsables de este juicio no lo hicieron, “porque simplemente no les importó”.