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"Fui agredida por él desde los primeros días en que me embaracé de mi primera hija, hace 26 años. Y eso nunca cambió. Debí dejarlo a tiempo...”.

Es la voz de Guadalupe Huerta Mora, desde la cama en la que permanece sin poder moverse, excepto por la ayuda de sus hijas, debido a las lesiones que presuntamente le provocó su esposo, Luis Águila Morales.

Mientras tanto, en la pared de su cuarto, Emmanuel, el menor de sus hijos, pega los dibujos que va coloreando con tal de que su madre “ya se levante de esa cama”. Emmanuel, de nueve años, no sabe que su madre no podrá volver a caminar.

Los planes de Susana, de 26 años; Luis Miguel, de 19; Olga, de 15 años, y Emmanuel, de nueve, se vieron afectados por la discapacidad permanente de su madre, provocada presuntamente por la violencia de su padre, quien se desempeña como policía bancario. Actualmente no cuentan con recursos para pagar una enfermera que la asista. Esto es quizá lo que ella más lamenta: “Que mis hijos me vean así y no puedan continuar sus proyectos”.

Los hijos de Guadalupe tuvieron que dejar la escuela por los gastos que generaba asistir a la misma. Las hijas mayores ahora cuidan de los menores, y también abandonaron sus trabajos.

Guadalupe quiere revelar y dar testimonio de su historia para que ninguna otra mujer “tolere todas las humillaciones” que recibió de su marido, Luis Águila Morales, confiando en que algún día cambiaría. “Le he rogado a mis hijas que jamás permitan que nadie las toque para violentarlas. Yo ya estaba en trámites de divorcio, pero de pronto todo cambió...”, cuenta.

Una de las formas de mayor invisibilidad en el tema de las personas con discapacidad (PCD), es la correlación violencia-mujeres-discapacidad.

Según Carlos Ríos Espinosa, asesor en derechos humanos y justicia penal, así como experto que da seguimiento y cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las ONU, “hace falta mucho trabajo por hacer para sensibilizar y crear conciencia en torno a la situación de violencia que puede generar discapacidad, como ocurrió con Guadalupe, golpeada presuntamente por su marido: un policía bancario, y tres de sus cuñadas la mañana del 24 de junio de 2010”.

Como resultado, Guadalupe vive ahora con una lesión medular a nivel de las vértebras cervicales que le generó una discapacidad motriz de carácter permanente e irreversible.

EL UNIVERSAL se acercó a ella para registrar su testimonio sobre la violencia ejercida en su contra por Luis Águila Morales.

Abuso sumado a la agresión previa

De acuerdo con el relato de la señora Huerta Mora, la mañana del 24 de junio pasado fue a solicitar a una de sus cuñadas, de nombre Alicia Águila Morales, un regalo que pertenecía a su hija menor, Olga, quien celebraba su cumpleaños número 15.

De manera agresiva, la señora Águila Morales respondió que no tenía ningún regalo. La insultó y la escupió. La señora Huerta repelió la agresión y fue cuando intervinieron sus otras dos cuñadas, Esther y Guadalupe Águila Morales, quienes la golpearon azotándola contra el suelo en repetidas ocasiones. A esta agresión se sumó su marido, Luis Águila Morales.

A golpes, a Guadalupe le torcieron el cuello de tal manera que perdió toda movilidad. Al sentir que ya no podía moverse, pidió que por favor la ayudaran llamando una ambulancia.

Mientras yacía en el piso, los perros comenzaron a mordisquearla, mientras las hermanas de su esposo azuzaban: “¡Cómansela, cómansela!”.

Además de la propia víctima, la principal testigo de los hechos fue Olga Águila Huerta, su hija de 15 años, quien rindió declaración ante el Ministerio Público el 4 de agosto de 2010.

Guadalupe fue atendida en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), dada la gravedad de sus lesiones. Tuvo una operación ahí que resultó fallida y permaneció internada hasta el 8 de octubre de 2010. Hoy vive en una dirección que no revela, pues teme por su seguridad y la de sus hijos.

De acuerdo con Teresa Huerta, hermana de Guadalupe Huerta, los hechos de violencia contra la señora Huerta no cesaron después de que adquirió la discapacidad motriz permanente: “Ya en el instituto el esposo continuó visitándola, logró manipular al personal del hospital y determinar quién podía visitarla y quién no, limitando el acceso que tenía con familiares y con el mundo exterior”.

La misma Guadalupe Huerta Mora relata que una noche fue agredida por su marido mientras estaba hospitalizada. Éste le gritaba: “Chingada madre”, “que la chingada”, “ya estoy hasta la madre”. A decir de Guadalupe, una enfermera del hospital (cuyo nombre no revela) atestiguó los hechos, pero no intervino. Carlos Ríos remitió el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “toda vez que la víctima estuvo un mes y nueve días sufriendo violencia por parte de su esposo, incluido un intento de violación, en un hospital público”. A pesar de que la señora Huerta comunicó estos hechos a diversos funcionarios del INR, ninguno siguió los lineamientos establecidos en la NOM-046-SSA2-2005. Este instrumento ordena a las instancias del sector salud realizar un tamiz para detectar situaciones de violencia familiar.

“Diversas autoridades del hospital se han percatado de la violencia que sufre la señora Huerta en las propias instalaciones del INR, pero no fue sino hasta que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) solicitó medidas para evitar que el señor Aguilera tuviera contacto con su esposa, que el acceso le fue restringido”.

El abogado Carlos Ríos Espinosa ha brindado asesoría legal desde el primer momento a Guadalupe y su familia.

“El señor Luis Águila Morales abusaba verbalmente de su esposa, insultándola y en ocasiones golpeándola. En uno de estos incidentes se inició una averiguación previa por una denuncia que ella formuló”.

Los constantes hechos de violencia contra Guadalupe Huerta la habían llevado a solicitar el divorcio, hasta que la historia dio una vuelta de tuerca que cambiaría de modo contundente no solo su destino, sino el de sus hijos.

Hasta el momento, la señora Huerta cuenta con ingresos por 3 mil pesos, que obtiene por concepto de pensión de su marido, a quien directamente le descuentan por estar en proceso de divorcio. Algunas personas la han apoyado para rentar un departamento para ella y sus hijos por 4 mil pesos.

La señora Huerta tiene una escara en la espalda porque no fueron atendidos en el hospital los cambios de movimiento que requiere una persona con lesión medular. Necesita parches que no están incluidos en el Seguro Popular, cada uno cuesta 128 pesos. Sus gastos médicos han ascendido a 10 mil pesos mensuales, y gasta 309 pesos diarios por este concepto.

Las instancias de gobierno

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ha encargado de dar seguimiento a la averiguación previa. El 3 de septiembre, policías de investigación de la Procuraduría de Justicia dieron cumplimiento a una orden de localización de las tres hermanas agresoras, quienes declararon que no habían atacado a Guadalupe Huerta Mora, y que el responsable de las lesiones era su hermano Luis Águila Morales, esposo de la víctima.

La CDHDF solicitó medidas para evitar que el señor Águila tuviera contacto con su esposa y el acceso le fue restringido. “Sorprende que el hospital (INR) no haya dado la voz de alarma de la violencia a la que estaba siendo sujeta la señora Huerta, y que no haya canalizado el caso a instituciones especializadas en combatir la violencia contra las mujeres“, continúa Carlos Ríos. Según la hermana de la víctima, el 12 de septiembre Luis Águila Morales logró burlar la seguridad del INR; con la ayuda de un comandante de la policía ingresó violentamente a la habitación de Guadalupe, la amenazó por haber dado aviso a la CDHDF, y le dijo que si él iba a prisión, ella también se iría.

“Posteriormente, y hasta la fecha, las instituciones federales y locales de salud no han establecido las medidas necesarias para asegurar que la señora Huerta pueda vivir fuera del hospital sin riesgo para su integridad física, con los ajustes necesarios para poder adaptarse a su discapacidad permanente, y con medidas de protección para que los actos de violencia y abuso no se repitan”, denuncia el abogado Ríos Espinosa.

Hasta ahora, Guadalupe ha recibido una cama y una silla de ruedas, por el DIF; y personas que prefieren mantenerse en el anonimato le han proporcionado férulas y un colchón neumático, además de apoyo en recursos económicos en la medida de sus posibilidades.

Está en trámites de la inscripción al Seguro Popular; sin embargo, algunos de los medicamentos que requiere para su cuidado no están incluidos.

El pasado 6 de octubre de 2010, el juez 39 penal del Distrito Federal, Francisco Salazar Silva, negó la solicitud de medidas de protección previstas en el artículo 62 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, que le fue formulada por los abogados de la joven Susana Águila Huerta, hija mayor de la señora Guadalupe Huerta Mora.

Problema invisible

En México son innumerables las formas de violencia hacia las mujeres; sin embargo, “uno de los mayores problemas que se enfrenta para atender, castigar y erradicar la violencia que viven las mujeres, es la invisibilidad de su importancia, desde la que ocurre en ámbitos domésticos, en el centro escolar, en las calles y en las instituciones, hasta la que animan los medios de comunicación, que promueven el uso del cuerpo femenino como mercancía desechable”, suscribe el Consejo Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Cifras de la violencia contra la mujer, según el INEGI, reportan que dos de cada tres mujeres son víctimas de violencia a manos de su pareja; más de medio millón en el ámbito urbano fueron amenazadas por sus parejas con matarlas, y suman 14 las muertes diarias debido a la violencia, especialmente en el hogar. Hasta 70% de mujeres golpeadas por sus parejas vuelven a experimentar uno o más incidentes similares dentro del lapso de un año.

Para el abogado Ríos Espinosa, a pesar de que en México recientemente se creó un andamiaje normativo muy completo para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, existe una enorme agenda que reclama la transformación cultural e institucional para que todas estas leyes sean efectivas.

Uno de los puntos fundamentales de esta agenda es visibilizar un fenómeno, que hasta ahora permanece en la penumbra: la violencia que se ejerce contra de mujeres con discapacidad.

Ausencia de cifras

El primer elemento de este ocultamiento —que en sí es una forma de exclusión— es la ausencia de cifras confiables del número de mujeres víctimas de violencia que adquieren una discapacidad, o que ya teniendo una, sufren violencia.

EL UNIVERSAL solicitó información a el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a través de Laura Cruz, y al Conavim a través de Laura Ponte, y en ambos casos no existe un registro sobre el número de mujeres que adquirieron una discapacidad por violencia, o que ya teniéndola, continúan expuestas a más agresiones. El Inmujeres del DF se entrevistó con la señora Huerta; al parecer se podrá proporcionar una beca a su hijo mayor para que pueda continuar con sus estudios.

“Los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia no incluyen a las mujeres con discapacidad, lo cual genera un fenómeno de discriminación múltiple. Los refugios son inaccesibles, no cuentan con un diseño universal, y no existe personal capacitado para proveer ajustes que atiendan a las necesidades de este sector. Tampoco existen programas específicos de rehabilitación con base en la comunidad que les permita salir del ciclo de violencia que genera su dependencia de sus agresores”, concluye Ríos Espinosa, maestro de Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, y candidato al doctorado en Filosofía de la UNAM.