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Impunidad facilita trata de personas: expertos

Evangelina Hernández| El Universal
Domingo 19 de diciembre de 2010
Impunidad facilita trata de personas: expertos

ACCIONES. México, primer país donde se llevó a cabo la campaña de corazón azul de la Organización de las Naciones Unidas sobre el combate a la trata de personas. En la imagen, autoridades e integrantes de la sociedad civil en las instalaciones de esta casa editorial . (Foto: ARIEL OJEDA EL UNIVERSAL )

Narcos se hacen de recursos con la venta de mujeres y niñas, advierten

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Impunidad, corrupción, leyes deficientes y una sociedad permisiva y consumidora de sexo de paga hacen que el fenómeno de la trata de personas sea un problema de dimensiones alarmantes al que, en el corto plazo, no se le ve salida a menos de que se impulse un cambio cultural, advirtieron autoridades del país e integrantes de la sociedad civil que asistieron al foro Panorama de la Trata de Personas en México, organizado por EL UNIVERSAL.

Rosi Orozco, diputada federal y presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, alerta que la explotación sexual se ha disparado en los últimos años a consecuencia de la guerra contra narcotraficantes, quienes al verse perseguidos han optado por hacerse de recursos mediante la venta de mujeres y niñas. “El desinterés de algunas autoridades estatales en el tema, las laxas legislaciones y la falta de capacitación de policías, ministerios públicos y jueces para perseguir y castigar el delito facilitan que el crimen organizado actúe con total impunidad”.

De 32 entidades en el país, sólo seis, Chiapas, Distrito Federal, Nuevo León, Tabasco, Tlaxcala e Hidalgo, tienen legislación en la materia. El resto, a excepción de Campeche y Tamaulipas, tipificaron el delito en sus códigos penales y únicamente 12 estados cuentan con una legislación armonizada con el Protocolo de Palermo.

Hasta ahora, dice la diputada Orozco, a nivel federal sólo hay una persona sentenciada por este delito y otras cuatro en el DF, “nada, en comparación con la magnitud de la problemática, dado que México es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países con mayor incidencia y el primer lugar, a nivel internacional, en pornografía infantil. Esto muestra el tamaño del desinterés por atacar a las bandas de tratantes de personas”.

México, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, fundamentalmente de niñas, niños y mujeres, que son trasladados a otros territorios para ser sujetos de explotación sexual y laboral.

Dilcya García Espinoza, subprocuradora de Atención a Víctimas de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, reconoce que la explotación sexual en la ciudad de México es muy grave porque además nos enfrentamos a los roles culturales en los que “es normal que un hombre solicite servicios sexuales sin ser consciente de que está siendo parte de una cadena de explotación humana”.

Dice: “La trata de personas, en su mayoría, es delincuencia organizada y ésta no puede existir si no hay corrupción dentro del Estado, ya sea en las bases o en las cúpulas y dentro de la Procuraduría luchamos contra eso pero sabemos que hay policías de investigación coludidos con las bandas de tratantes y estamos trabajando en identificar y procesar a este personal”.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cada año son explotados sexualmente entre 16 mil y 20 mil niños y niñas en el país.

Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, describe: “Explotar a una persona es una fuente inacabable de recursos, cuando un narcotraficante vende una dosis de droga, recibe una remuneración por esa dosis y ahí termina el negocio, pero cuando explotan a una persona, ésta no se acaba y constantemente la venden para sacarle el mayor provecho económico posible”.

De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es el tercer negocio ilícito más redituable en el mundo, después del tráfico de drogas y armas, cuyas ganancias generan 30 mil millones de dólares, al menos.

 

Reconoce que parte de la problemática nacional radica en que la autoridad “ha sido incapaz de explicar a la sociedad en qué consiste el delito y cuáles son sus consecuencias”.

Tenemos, dice, una legislación inacabada y “aunque hemos ratificado tratados internacionales para combatir el crimen organizado transnacional, nuestras regulaciones legales no se han traducido en una cultura de combate al fenómeno”.

Explica que las legislaciones locales están muy atrasadas y “necesitamos convencer a los gobiernos de los estados y de los municipios de la gravedad del fenómeno para que también ellos tomen su parte”.

Al respecto la subprocuradora del DF Dilcya García comenta la experiencia de la procuraduría local, tras más de 100 operativos en el DF en los que han logrado la detención de 100 tratantes y el rescate de 200 víctimas: “Empezamos en esta labor desde la ignorancia; trabajamos sobre las rodillas porque no teníamos capacitación, el conocimiento lo hemos ido adquiriendo, no sólo con la experiencia que nos da cada caso, sino con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil que nos apoyan en la formación de cuadros especializados en la atención a víctimas y la persecución de tratantes”.

Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC, por sus siglas en inglés), advierte que al menos un millón 200 mil personas son víctimas de explotación sexual en México.

Durante el foro, Ulloa, quien es pionera en la lucha contra este flagelo social, hace un llamado a la sociedad y a las autoridades a enfocar los esfuerzos en inhibir la demanda del sexo de paga “porque de lo contrario nunca vamos a dejar de ser un país tan atractivo, como lo somos, para el turismo sexual y el consumo de pornografía infantil”.

La especialista advierte que 87% de las mujeres que trabajan en el sexoservicio en La Merced no nacieron en la ciudad de México, “hay una nueva oferta en esa zona de jovencitas provenientes de Centroamérica; los tratantes las traen a iniciarse aquí y luego las llevan ilegalmente a Estados Unidos para obligarlas a prostituirse allá”.

Carmen Rubio, subdirectora de identificación y atención a víctimas del Instituto Nacional de Migración, reconoce que los traficantes de personas venden a mujeres y niñas provenientes de Centroamérica a otras organizaciones para explotarlas sexualmente. “Por desgracia, la situación de las víctimas es tan compleja que difícilmente denuncian a tratantes”.

Frente a representantes de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), quienes asistieron al foro para conocer el tamaño del problema de la trata de personas en México, Teresa Ulloa exhortó a las autoridades de Estados Unidos a que así como se han propuesto bajar la demanda de drogas en 15% en los próximos cincos años, también inhiban la demanda de sexo de paga, porque sus ciudadanos son altamente consumidores de turismo sexual en México y Centroamérica.

Michael J. Zamba, director de Comunicaciones y Asuntos Externos de la PADF, se comprometió “a trabajar con el gobierno de México y con la sociedad civil para transmitir las experiencias” que, como organización, han obtenido en Haití, Colombia, Venezuela y cuyos resultados han “beneficiado a 10.2 millones de personas”.

Autoridades y representantes de organizaciones no gubernamentales urgieron la modificación de las leyes de trata de personas vigentes en el país.



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