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Senadores panistas y perredistas acusaron a la Mesa Directiva del Senado de intentar frenar la llamada ley antiobesidad por “intereses sospechosos” y ajenos al Poder Legislativo.

En un intenso debate para decidir si se exponía por primera vez en tribuna esta ley, la presidenta de la Comisión de Educación (PAN), Teresa Ortuño, reveló que hubo “intentos” de boicotear el proyecto desde su fase inicial de discusión.

Y como ejemplo sugirió —sin precisar nombres— que hubo senadores que hicieron el vacío para reventar el quórum reglamentario para poder votar el documento: “No lo digo por imputárselo a nadie, sino porque el tema tiene muchas implicaciones e intereses alrededor”.

“Al haber presenciado en las sesiones de la comisión varios intentos para que no prosperara el dictamen, pues es lógico que haya un cierto escepticismo de que sea un tema de fondo y no de forma. Es el momento que los senadores demos respuestas y no demos argumentos para evitar legislar sobre el tema”, alertó.

El pleno del Senado aprobó la primera lectura de la llamada ley antiobesidad luego de que senadores panistas y perredistas involucrados en la negociación del dictamen admitieron que abundan intereses ajenos al Senado que buscan frenar esta legislación, lo que orilló a realizar una votación por cómputo —de manera inusual— únicamente para determinar si el proyecto de ley se presentaba o no, pues es hasta la segunda lectura cuando votan el proyecto.

Inconsistencias

La disputa inició cuando la Mesa Directiva intentó eliminar del orden del día la presentación del dictamen, la cual regularmente se omite para formalizar la segunda lectura, votar y enviar a la colegisladora para su revisión. El argumento: inconsistencias de “técnica legislativa”. Se ordenaba revisarlo de nuevo en comisiones y reprogramar su presentación.

El senador del PAN Ricardo Torres dijo: “Hay una carga enorme de ‘sospechosismo’ sobre ese dictamen. Eso viene desde abril, ha sido un verdadero vía crucis sacar adelante el ya de por sí complicado dictamen y ahora al cuarto para las doce lo retiran del orden del día”.

Una hora duró la discusión tan sólo para aprobar la presentación en tribuna del dictamen, conocida como primera lectura. Con 54 votos a favor y 11 en contra, se dio entrada al documento que será discutido hasta el 3 de noviembre en sesión.

“No sólo no se vale, es ilícito el procedimiento, y es políticamente reprochable. Hay misterio, y en el misterio hay intereses”, dijo el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos (PRD), Tomás Torres Mercado.

El presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables (PAN), Guillermo Tamborrel, coincidió en que la decisión respondía a “presiones o intereses ajenos” al Legislativo.

Teresa Ortuño exigió que las observaciones técnicas al dictamen se realizaran “frente a la nación, frente a las cámaras”, y no a través de un oficio elaborado por Servicios Parlamentarios del Senado.

El vicepresidente de la Mesa Directiva, el priísta Francisco Arroyo, argumentó que no era conveniente dar entrada a un dictamen que alineó 24 iniciativas turnadas en su momento a más de seis comisiones. Y que pulirlo evitaría que la Cámara de Diputados rebotara a la cámara de origen el dictamen por improcedente. Ortuño refutó que desde abril le pidió a la Mesa turnar a la misma comisión todas las iniciativas relacionadas con control de venta y consumo de alimentos chatarra en centros escolares, publicidad de refrescos y fritangas, ordenamientos para etiquetar productos, instalación de bebederos en escuelas, entre otros.

Arroyo explicó que la decisión de sacar el texto del orden del día fue colegiada, y precisamente porque hay intereses muy fuertes alrededor del dictamen es fundamental cerrar resquicios y evitar que las pifias permitan una lluvia de amparos.