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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados pactó ratificar al ciento por ciento la minuta enviada por el Senado para crear la ley general contra el secuestro.

La llamada ley antisecuestro prevé penas de 30 a 60 años para plagiarios, y permitirá a la Procuraduría General de la República atraer los casos “orquestados” por la delincuencia organizada.

Los miembros de la comisión, el legislador priísta Josué Valdés Huezo y el panista Óscar Arce Paniagua, revelaron el acuerdo para ratificar “sin cambios” la minuta de los senadores.

“No queremos postergar la aprobación de una ley tan importante para frenar este delito y consideramos que el Senado tomó en cuenta muchas de las propuestas de los diputados y ya posteriormente modificaremos algunos artículos y faltantes que se le encontraron, para no dejar ningún resquicio a la delincuencia”, detalló el priísta.

Josué Valdés Huezo detalló que la intención es establecer sanciones más severas y una mayor colaboración entre los estados y la federación en el combate al secuestro en el país.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de México consideró que la ley antisecuestro es urgente para que la PGR y las procuradurías estatales frenen este flagelo, que en los últimos cinco años se ha triplicado.

Valdés Huezo estimó que con la ley se federaliza de facto el delito de secuestro, pues en la mayoría de los casos participan más de dos personas y cumplen otros requisitos para ser considerados obra de la delincuencia organizada y la PGR deberá atraerlos.

“Los estados investigarán los casos de bajo impacto, es decir, secuestro donde sólo participan dos o una persona o se trata de situaciones como el secuestro virtual que lo realiza una persona vía telefónica”, detalló.

El proyecto establece que cuando haya mutilación u homicidio de la víctima las penas irán de 30 a 60 años. Además, el instrumento jurídico autorizará a las autoridades a la intervención de llamadas privadas para investigar y desarticular bandas.

La ley antisecuestro se procesó a contrarreloj en el Senado. El 29 de abril, último día de la sesión, los senadores del PAN, Alejandro González Alcocer; del PRI, Jesús Murillo Karam; del PRD, Tomás Torres Mercado, y del PVEM, Arturo Escobar y Vega se encerraron en un edificio de Dónceles, alterno al salón de Pleno, para aprobar este dictamen.

La reunión se prolongó por más de cinco horas durante esa mañana de abril y se leyó en el Pleno pasadas las 11 de la noche. A pesar de que el dictamen se aprobó en el Senado por unanimidad, en San Lázaro se decidió turnarlo a comisiones.