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En diciembre de 2004, el entonces diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, exhibió varias fotografías en las que aparecían reunidos un par de colaboradores del gobierno de Tamaulipas y presuntos integrantes del cártel del Golfo.

Guajardo Anzaldúa llevaba meses documentando supuestos nexos entre funcionarios locales con miembros del crimen organizado y la evidencia le permitió afirmar, aquel año, que el gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba era “el brazo político” del cártel.

Tres años más tarde, en 2007, el maridaje entre los narcotraficantes y la clase política dominante fue descarado a decir de Guajardo Anzaldúa, quien buscó por segunda ocasión la alcaldía de Río Bravo.

“En años anteriores, los que pagaban las campañas eran los empresarios, la gente de dinero y eran ellos los que mandaban. Pero ahora, los que están pagando las campañas son miembros del crimen organizado”, declaró a periodistas la mañana del jueves 29 de noviembre, horas antes de ser asesinado a tiros junto con cinco de sus colabores.

La presunta intromisión de criminales en los procesos electorales de Tamaulipas, es algo que han señalado también directivos del Partido Acción Nacional (PAN) durante más de una década.

Yarrington Ruvalcaba ejerció como gobernador hasta 2004, sin que jamás cesaran en su contra señalamientos por sus presuntos nexos con el capo local, Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo. Su nombre figuró en investigaciones emprendidas por la PGR, pero jamás como indiciado.

Durante su mandato, la organización encabezada por Cárdenas Guillén consolidó un poder descomunal que mantuvo bajo un régimen violento a buena parte de la población.

Narco toma las decisiones

El nivel de sometimiento logrado por los narcotraficantes llegó a tal grado que actualmente influye en los procesos electorales, según una denuncia de mayo de 2004, realizada por Juan Ángel Ibarra, coordinador de la fracción del PAN en el Congreso estatal.

“Las decisiones políticas las toman los cárteles del narcotráfico; ellos son quienes quitan y ponen candidatos y quienes en realidad gobiernan el estado”, declaró Ibarra durante un encuentro nacional de diputados locales de su partido, efectuado ese año.

Antes de ser gobernador, Yarrington Ruvalcaba fue presidente municipal de Matamoros, asiento del cártel del Golfo. Hasta entonces fue cobijado por su antecesor, el ex mandatario Manuel Cavazos Lerma, quien fue alcalde de ese municipio. Desde entonces, Yarrington encabezó su propio grupo político, vigente hasta hoy.

En 2004 maniobró para imponer como abanderado a Eugenio Hernández Flores, actual gobernador y su influencia fue decisiva para impulsar la candidatura de Rodolfo Torre Cantú al gobierno estatal, el aspirante que fue asesinado la mañana de ayer junto con cinco de sus cercanos colaboradores.

Yarrington apoyaba a Cantú

El ex jefe del Ejecutivo estatal, Tomás Yarrington Ruvalcaba, estuvo presente en los actos de campaña más trascendentales de Torre Cantú desde el 1 de febrero, cuando que formalizó su candidatura, hasta el último de sus actos de campaña, en Altamira, Tamaulipas, la tarde del pasado domingo 27.

Lo mismo que en los comicios intermedios de hace tres años, la actual contienda electoral fue sacudida por ataques violentos atribuidos a integrantes del crimen organizado.

En mayo, José Mario Guajardo Varela, candidato del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Valle Hermoso, fue ultimado por hombres armados junto con su hijo y uno de sus empleados. Las semanas previas, Guajardo Varela vivió bajo amenazas de muerte.

La presión ejercida por los criminales provocó una crisis inédita en la política regional.

Tres días antes del asesinato de Guajardo Varela, José Julián Sacramento Garza, abanderado del Partido Acción Nacional a la gubernatura, dijo a los periodistas que “algunas candidaturas para diputados y ayuntamientos están vacantes debido a las amenazas de los narcotraficantes”.

Los municipios aludidos por Sacramento Garza fueron Camargo, Ciudad Mier, Nueva Ciudad Guerrero y Río Bravo.

Igual que sucedió en 2007 con las denuncias de Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, los señalamientos no prosperaron en acciones contra las estructuras criminales asentadas en el estado desde hace años.