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La Suprema Corte de Justicia de la Nación reanudará sus actividades hoy, tras sus vacaciones de verano, con el análisis de dos temas clave para el país: la guardería ABC y el fuero militar.

En primer lugar, se prevé que en una votación dividida la Corte decida si crea o no una comisión especial que investigue si se registraron violaciones graves a las garantías en caso del incendio en la estancia infantil en Hermosillo, Sonora, que ha causado la muerte de 49 niños.

En segundo término, analizará un proyecto de sentencia que elaboró el ministro José Ramón Cossío en el que se propone limitar y acotar el fuero de los militares, para permitir que los elementos de las Fuerzas Armadas sí puedan ser juzgados por civiles cuando cometan delitos relacionados con violaciones de derechos humanos.

Respuesta a deudos

Previo a que las vacaciones, el 13 de julio pasado, el ministro Sergio Valls —a nombre de los padres de familia de los niños que fallecieron y los legisladores de la Comisión Permanente— pidió en la Corte que se ejerciera la facultad que le confiere el artículo 97 de la Constitución para investigar violaciones graves de garantías.

Por la gravedad del caso, Valls dijo a sus compañeros que la Corte no puede “permanecer ajena al acontecer de hechos como los ocurridos el 5 de junio de 2009, ni tampoco al sentir no sólo de los padres de las víctimas”.

Pero su petición se le turnó al ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien durante las vacaciones elaboró un dictamen en el que les propondrá a sus compañeros avalar o rechazar la petición de investigar el caso de la guardería.

Juicios civiles al Ejército

La Corte analizará un proyecto de sentencia que elaboró el ministro José Ramón Cossío, en el que propone limitar el fuero militar y permitir que los elementos del Ejército sean juzgados por civiles cuando cometan delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, afirma: “Hemos detectado que cuando se comete una violación a los derechos humanos, que constituye un delito, cometida por un elemento del Ejército a menudo queda en la impunidad”.

La Corte abordará el tema al resolver un amparo promovido por la esposa de uno de cuatro jóvenes asesinados por militares en marzo de 2008, en Sinaloa.