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El Ejército ha intensificado sus operaciones de incautación de armamento al crimen organizado, ya que las estadísticas revelan que tan sólo en lo que va de este año la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha decomisado un promedio de 62 armas cada día, la mayor cifra a lo largo de toda esta gestión.

Así lo revela el último informe de las operaciones contra el narcotráfico de la dependencia e indica que durante el primer año de esta administración se incautaron casi 5 mil armas a los delincuentes, mientras que del 1 de enero y el 18 de junio de este año, la cifra supera las 10 mil piezas.

El documento detalla que los decomisos realizados por militares durante los primeros 13 meses de este gobierno —del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2007—, sólo alcanzaron 5 mil 174 armas, lo que equivale a 13 piezas en promedio diario.

En la lucha contra el narco, en 2008 se incrementaron las operaciones del Ejército para despojar de su arsenal al hampa, pues de acuerdo con el reporte, ese año se aseguraron 14 mil 774 armas, un promedio de 40 al día.

Los resultados se han duplicado este año, ya que suman 10 mil 628 armas incautadas al hampa en casi seis meses, lo que implica el decomiso de 62 piezas —cortas y largas— cada 24 horas.

La Sedena reporta que ha quitado a los narcos 30 mil 576 armas, lo que representa que ha contribuido con 53.6% de los decomisos realizados en el país que ascienden a 57 mil armas.

De acuerdo con informes oficiales la principal fuente de suministro de arsenal del crimen organizado es EU, de donde proviene 90% de las armas que llegan a poder de grupos delictivos.

Esta semana, el embajador Pablo Macedo Riba, director general para la Organización de las Naciones Unidas de la Cancillería, reconoció que EU ha sido un actor con poca participación y hasta ha bloqueado algunos procesos internacionales tendientes a frenar el tráfico de armas ilícito, además de contar con una legislación interna laxa para el control de venta de armamento.

Incluso un reporte difundido el jueves pasado, elaborado por la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), el brazo de investigación del Congreso de EU, sostiene que la ausencia de una estrategia “integral” en EU contra el flujo de armas hacia el sur “ha armado y envalentonado” a las organizaciones criminales que operan en México y ha facilitado el trabajo de los cárteles”.