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La dirigencia nacional del PRD respaldó al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, luego de una veintena de detenciones de funcionarios y alcaldes estatales, a quienes se vincula con la banda La Familia michoacana.

En una resolución se demandó que no haya una estrategia selectiva en el combate al narcotráfico, y se exigieron sanciones severas para funcionarios cómplices del crimen organizado.

Calificó, no obstante, como “una acción hostil” que el gobierno federal realizara el operativo en la entidad sin notificar al gobernador Godoy Rangel.

La resolución de la Comisión Política Nacional demandó que la lucha al crimen se apegue a la Constitución, los derechos humanos y el pacto federal.

Jesús Ortega, líder nacional, subrayó que los criminales y funcionarios cómplices involucrados en el narco, no importando su militancia política, deben estar sujetos a la justicia y “deben ser sancionados con severidad”.

Subrayó que nadie, incluido el gobierno federal, debe utilizar el combate al crimen para tener ventajas electorales.

Políticos, opiniones encontradas

Legisladores del PAN, PRI y PRD respaldaron las acciones en Michoacán, pero advirtieron que eso no debe usarse electoralmente. El priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que su partido no defenderá a nadie que se pruebe está involucrado en el crimen organizado.

El presidente del Senado, Gustavo Madero, sostuvo que los operativos en Michoacán no tienen tintes electorales, sino que son parte del combate al crimen organizado.

En Morelia, la dirigencia estatal del PRD rechazó las detenciones “arbitrarias” de 10 alcaldes y de funcionarios y ex funcionarios estatales.

Responsabilizó directamente al presidente Felipe Calderón, y a su hermana Luisa María, operadora política del PAN en la entidad.

En tanto, Acción Nacional en la entidad sentenció que Uruapan —gobernado por ese partido— ya era un foco rojo y fue contundente al afirmar que a los culpables se les debe juzgar.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Juan Carlos Campos Ponce, exigió a autoridades federales explicar el “operativo” en Michoacán y que hasta el momento confirma la detención del ex director de Seguridad Pública, el coordinador de asesores de la PGJE y 10 alcaldes de distintos partidos.

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Raúl Morón Orozco, exigió se actúe con transparencia y que los responsables no obstaculicen la tarea de la justicia, pero manifestó su respaldo total al titular del Ejecutivo estatal y manifestó estar extrañado de que este operativo se haya llevado a cabo justamente en medio de un proceso electoral.